El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha dictado un auto por el que ordena de forma cautelar la "intervención y retención" de los créditos reconocidos por el Ayuntamiento de El Ejido dentro del plan de pago a proveedores a las empresas investigadas en la Operación Poniente.
Esta operación, que mantiene imputadas a unas ochenta personas, entre ellas el anterior alcalde de El Ejido Juan Enciso (PAL), investiga una presunta trama de corrupción en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) y varias subcontratas.
El auto, al que ha tenido acceso Efe, ordena la retención de los pagos a Elsur y a las mercantiles Contenedores Lirola, Clabert Gestión, Lobelia Gestión, Jardines del Alcor, Agua y Gestión de Servicios Ambientales, Agua y Gestión de Servicios Urbanos y Hermanos Lirola.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento (PP) había solicitado esta medida cautelar para que existieran "garantías suficientes" en caso de que se establezcan responsabilidades económicas a favor de las arcas municipales, ha explicado hoy el portavoz y concejal de Hacienda, Contratación, Régimen Interior y Personal, José Francisco Rivera.
Rivera ha detallado que el Ayuntamiento, en el marco del plan de pago a proveedores, reconocía a estas ocho empresas una deuda de 95 millones de euros, de los que 81 corresponden a Elsur.
El auto, que hoy adelanta el diario "La Voz de Almería", ordena de forma cautelar la retención de estos pagos, así como la notificación de la medida a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, dependiente del Ministerio de Hacienda, y a un total de once entidades financieras para garantizar su cumplimiento.
El juez justifica la medida cautelar ante la "posibilidad de que los imputados puedan hacer desaparecer los fondos y/o los elementos patrimoniales".
La finalidad es el "aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias y garantizar las eventuales responsabilidades civiles que pudieran derivarse de las penales al dictarse sentencia condenatoria", dice el auto.
Estos argumentos fueron los utilizados en el auto dictado el 20 de octubre del 2009, fecha en la que se detuvieron a los primeros veinte imputados, para el bloqueo y embargo preventivo de las cuentas bancarias, depósitos y otro tipo de activos de las personas presuntamente vinculadas a la trama investigada.
En el sumario de la causa se incluyen unas diligencias de la Fiscalía Especial contra la Corrupción que advierten de la existencia de una trama de subcontratas que, mediante una "facturación sobrevalorada", se lucró de manera ilícita de los recursos públicos del Ayuntamiento a través de Elsur.
La presunta trama de subcontratas habría facturado entre los años 2002 y 2007 más de 93 millones de euros a Elsur, sociedad mixta constituida al 30 por ciento por el Ayuntamiento y al 70 por ciento por Agua y Gestión, de la que forman parte Abengoa, Cajasol y Cajasur.
Según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Consistorio ejidense, con Juan Enciso (PAL) al frente, favoreció la subcontratación "sistemática" y "masiva" de los servicios de los que era concesionaria Elsur, en beneficio de "personas ligadas al propio Ayuntamiento o a su círculo de intereses".
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