El PP ha asegurado hoy que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se encuentra en una situación "crítica e insostenible" ante la investigación del caso de los ERE irregulares, y ha desvelado que el Consejo de Gobierno dio en 1999 préstamos a empresas "a cuenta" de futuras subvenciones.
El PP va a entregar a la jueza que instruye el caso de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, documentación que obra en su poder y parte de la cual, según ha explicado en rueda de prensa el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, el Gobierno andaluz ha "ocultado" a la magistrada pese a que ésta la había solicitado con bastante antelación.
El dirigente popular, que ha acusado a la Junta de obstaculizar la investigación judicial, ha explicado que su partido como parte personada en el caso ha entregado un escrito a la jueza en la que le pide que reclame una serie de documentación que considera que la Junta le ha ocultado pese a haber sido solicitada.
El PP ha desvelado en primer lugar que el Gobierno andaluz no remitió a la jueza un "revelador" informe de disconformidad del interventor delegado de la Junta, Joaquín Alegre, el 15 de diciembre del 2000, que, en opinión de Sanz, marca la "ilegalidad" de unas subvenciones que iban a la empresa Hijos de Andrés Molina (HAMSA).
Según el dirigente del PP, se ocultó a la jueza un pago de 688.346 euros en concepto de abono para 50 extrabajadores de HAMSA, pese a que solo fueron siete los empleados acogidos a estas ayudas; y constan una serie de pagos a esta empresa a pesar de la disconformidad del informe de la Intervención.
Durante seis años, la Junta abonó a HAMSA 7,1 millones de euros pese a la "disconformidad" de la Intervención, y de esta cantidad, 4,2 millones de euros se han "ocultado" documentalmente a la jueza, según Sanz, quien ha añadido que, además, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) abonó 2,1 millones de más.
En la documentación entregada a Alaya por el PP se denuncia que un Consejo de Gobierno de 1999, presidido por Manuel Chaves, concedió un préstamo "a cuenta" de una futura subvención a esta empresa, y como luego no se pudo dar esta ayuda ante el informe de disconformidad de la Intervención "utilizó el IFA" para concederla.
"Como no tenían los informes de legalidad oportunos, el Consejo de Gobierno tuvo que 'reptilizar' los fondos para poder pagar las subvenciones", ha indicado Sanz, quien ha añadido que lo que hace también el Gobierno es crear dos convenios: uno a través de Empleo para los trabajadores y otro a través de la Consejería de Presidencia, gestionada entonces por Gaspar Zarrías, que "anticipa" las futuras subvenciones.
Ha indicado que se trata de un "monumental fraude" por parte del Gobierno andaluz y que se ha "ocultado" a la magistrada, y ha insistido en que alguien tendrá que explicar por qué el Consejo de Gobierno "anticipa subvenciones que aún no se han concedido".
"La situación hoy del presidente de la Junta de Andalucía es crítica e insostenible desde el punto de vista de la ética y de la responsabilidad política", ha indicado Antonio Sanz, quien ha recordado que tras el informe que la Guardia Civil ha remitido a la jueza "todo apunta" a Griñán como uno de los máximos responsables.
Ha lamentado las declaraciones de ayer de la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, en las que consideraba que la instrucción de los ERE se había convertido en una "causa general" contra el Gobierno andaluz, y ha asegurado que el Ejecutivo de Griñán "no respeta ni a la juez, ni a la Guardia Civil ni a las instituciones".
"La actitud de Griñán es como la del conductor suicida que cree que va por el buen camino y que todos los demás son los que van por el sentido contrario", ha apuntado Sanz, quien ha añadido que esta ya no es una cuestión de una juez sino también de la Guardia Civil, la Cámara de Cuentas y de los propios imputados.
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