El pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha acordado por mayoría solicitar un informe al gabinete jurídico de la institución sobre la totalidad del anteproyecto de informe de fiscalización de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, ejercicios 2001-2011.
Según indica la Cámara de Cuentas en una nota, esta decisión se ha tomado en el pleno celebrado este viernes con la finalidad de "dotar de las máximas garantías de legalidad al acuerdo que se adopte sobre el trabajo de fiscalización".
El ente fiscalizador precisa que "una vez elaborado y conocido por todos los consejeros el oportuno dictamen jurídico, se debatirá y aprobará de manera provisional el informe y se procederá a su envío a la entidad auditada para que realice las alegaciones oportunas".
Por otro lado, dicho pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, ante los acontecimientos que se han producido en los últimos días en relación con su labor de fiscalización, ha aprobado una declaración institucional, por unanimidad de los miembros presentes.
En ella deja claro que los miembros del pleno "ejercemos con absoluta libertad e independencia la responsabilidad que nos ha sido encomendada por el Parlamento y no vamos a permitir ningún tipo de injerencia en nuestra labor, provenga de donde provenga, pues si lo hiciéramos incumpliríamos de manera grave los deberes de nuestro cargo".
Dicha declaración apunta que la normativa vigente establece que la principal tarea de los consejeros de la institución "es la dirección de los trabajos de fiscalización y ello, además de muchas otras responsabilidades, incluye proponer las modificaciones que se consideren necesarias para que el contenido y las conclusiones de los informes sean objetivas, sistemáticas y equilibradas".
"La firme voluntad de los miembros del pleno es continuar ejerciendo la tarea que les ha sido encomendada, sin omitir ninguna de sus obligaciones", ha agregado el ente fiscalizador, que, en su declaración institucional, apela a la "responsabilidad" de los partidos políticos para que "eviten declaraciones o actuaciones que puedan deslegitimar la labor de la institución o de cualquier miembro de la misma, ya que entendemos que se pone en peligro uno de los pilares necesarios para el desarrollo del sistema democrático, que es la independencia y la autonomía en la toma de decisiones".
El pleno considera que el ejercicio de la tarea de control "exige un elevado compromiso de responsabilidad, esfuerzo, dedicación y lealtad institucional" y ha dejado claro que sus actuaciones como pleno "están en todo momento guiadas por estos principios y nos comprometemos públicamente a continuar en esta dirección".
"A lo largo de casi 25 años, la Cámara de Cuentas ha dado continuas muestras de su independencia y de la capacidad de sus miembros para realizar trabajos de fiscalización en los que se han abordado asuntos claves para mejorar la gestión pública", ha agregado el ente fiscalizador en su declaración institucional.
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