El Ministerio de Hacienda ha comenzado ya a ingresar en las cuentas de los proveedores municipales el importe de la deuda contraída con ellos, según ha anunciado esta mañana la responsable de este área en el Ayuntamiento, Ascensión Hita, quien se ha mostrado “satisfecha por la celeridad de esta medida que va a suponer un auténtico balón de oxígeno para muchas empresas y autónomos de la ciudad”.
Según los últimos datos facilitados por la citada delegada, el importe de esta deuda aceptada se sitúa en 40.465.323,02 euros, correspondiente tanto al propio Ayuntamiento como a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Chiclana Natural y Emsisa.
Este pago se produce como consecuencia del Real Decreto aprobado el pasado 24 de febrero por el Gobierno Central, con el fin de que los municipios se pusieran al día en el pago a sus acreedores. Esta norma incluía que los primeros en ver abonadas sus facturas serían los más antiguos, así como los que ofrecieran algún descuento sobre la el importe total de la misma.
A estos casi 40,5 millones de euros hay que añadir otros 555.407,65 euros, “que han sido abonados por el Ayuntamiento mientras se tramitaba el plan de pagos del Gobierno central”, según ha recalcado la citada edil.
Además, Hita ha recordado que han sido rechazadas un total de 405 facturas por un importe global de 6.742.030,62 euros, “bien porque ya estaban incluidas, por ser facturas no conformes, por falta de registro de las mismas o bien por no reunir los requisitos incluidos en el Real Decreto”.
Asimismo, la concejala ha reiterado que “en esta relación no se encuentra incluida la deuda de carácter financiero, ni aquellas que no vienen contempladas en el Real Decreto, como son las relacionadas con la subvención al déficit de explotación del transporte público, los contratos privados (arrendamientos, artistas, etc.), las cuotas de comunidades de propietarios, de organismos supramunicipales, los seguros sociales, hacienda pública, o IRPF”.
Como se recordará, al no tener Chiclana un Plan de Ajuste, el Gobierno retraerá anualmente un porcentaje de los fondos procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE).
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