La Junta cumplirá con los decretos de consolidación fiscal aprobados por el Gobierno central “por imperativo legal y por responsabilidad” pero anuncia iniciativas políticas y jurídicas para evitar que se “perpetúen” a partir del próximo año, especialmente en la distribución del déficit, que reclama que sea en función de la población y no del PIB.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, comparecía ayer en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno para insistir en que la Junta cumplirá con los objetivos de déficit a pesar de que es “injusto”, la distribución del esfuerzo, perjudicando las políticas que se aplican.
Según Griñán, el Estado reduce su déficit un tercio frente a la mitad de las comunidades, a pesar de que éstas no percibirán los ingresos por sus subidas de impuestos y además asumen los costes de las competencias en educación, sanidad y servicios sociales. Además, la redistribución por comunidades autónomas se realiza en función del PIB en lugar de la población, criterio que se utiliza para financiar a las regiones.
A estos esfuerzos por cumplir con el déficit Griñán unió el descenso de los fondos finalistas, la reducción de la capacidad de endeudamiento o la ampliación de la jornada laboral a los funcionarios. “Si se hubiera distribuido por población, el tope del déficit (andaluz) sería de 2.800 millones en vez de los 2.181 millones, no hubiéramos tenido que hacer ajustes en el capítulo I”, decía en referencia a los 777 millones que la Junta recortará en personal.
Tras asegurar que con este criterio “se le da más límite de endeudamiento a quien está más endeudado”, ejemplificando en los 258 euros por habitante de Andalucía frente a los 393 de Cataluña o los 437 de Madrid, Griñán anunció que presentarán “iniciativas políticas y jurídicas para que el techo del déficit de 2013 sea por población y evitar que se perpetúe un sistema que sacrifica los derechos constitucionales”, como la igualdad a la hora de disfrutar de los servicios públicos.
Griñán ha encargado al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, buscar un acuerdo parlamentario para pedir la modificación del reparto del déficit entre administraciones, exigiendo una Conferencia de Presidentes en la que defenderá no priorizar “el sujeto del gasto, sino el gasto, dónde hay que reducirlo”, que se establezca una distribución del déficit por comunidades según población y que el Estado sea garante de la solidaridad a través del Fondo de Compensación y respete el Estatuto.
“El principal problema es el paro. Si no hay financiación de la economía y se reduce el gasto público bajará el PIB y subirá de nuevo el déficit”, afirmaba para reiterar que lo más urgente no era el déficit sino la recuperación económica y la creación de empleo, por lo que solicitaba al Gobierno central medidas de estímulo al crecimiento.
Aprovechó para recordar que el secretario de Hacienda, Antonio Beteta, cuestionó las cuentas andaluzas y “nos privó de la posibilidad de colocar deuda”. “Tengo serias dudas de su solvencia”, dijo.
8.327 interinos menos
Sobre las imposiciones del Gobierno central, Griñán explicó que la ampliación de jornada a funcionarios y la fijación en 15 días del periodo de sustitución, obligaría a despedir en Andalucía a 23.805 empleados públicos e interinos. “Queremos salvar el mayor empleo posible”, insistió apelando a la negociación sindical en la reducción de sueldos (5%) y jornadas (15%) para alcanzar los 777 millones de euros, mostrándose dispuesto a modificar las fórmulas de aplicación respetando rentas.
Tras reconocer que con estas medidas no se contratará a 8.327 interinos en el próximo curso, una “disminución brutal”, aseguró que se han podido salvar otros 3.500 y los servicios en sanidad, donde “no habrá privatizaciones”, aunque sea partidario de la concertación.
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