La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado que "no se realiza seguimiento y control del cumplimiento de los compromisos contraídos por parte de los beneficiarios de los fondos que, gestionados por el Servicio Andaluz de Empleo, se destinan a financiar políticas de empleos, de estabilidad laboral y fomento de la contratación indefinida".
En su informe de fiscalización sobre 'Transferencias de capital en el presupuesto de la Junta de Andalucía 2007-2009', consultado por Europa Press, el ente fiscalizador apunta al respecto que "no consta en los expedientes evidencia documental del seguimiento de la evolución que haya experimentado la situación del personal respecto de la fecha desde que fue concedida la subvención, lo que implica el desconocimiento respecto a la consecución del fin u objeto pretendido con la subvención y, en su caso, si procede requerir su reintegro".
El ente fiscalizador ha recordado que constituyen gastos de 'Transferencias de Capital' (capítulo VII del Presupuesto) los créditos destinados a pagos, condicionados o no, efectuados sin contrapartida directa por los agentes receptores, los cuales deberán destinar dichos fondos a financiar operaciones de capital. Incluyen tanto las entregas en efectivo, como las entregas en especie de capital, es decir las adquisiciones de bienes realizadas por las administraciones públicas para su entrega a terceros. Estos créditos se materializan mediante transferencias y subvenciones.
La fiscalización se ha circunscrito a la gestión realizada en el periodo 2007 a 2009 y en ella se ha analizado una muestra de expedientes que habían sido gestionados por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, la Consejería de Obras Públicas y Transportes, el Servicio Andaluz de Empleo, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, la Consejería de Agricultura y Pesca y la Consejería de Medio Ambiente.
Los expedientes seleccionados abarcaban 19 programas presupuestarios de gastos. Los trabajos se han desarrollado con la documentación que se puso a disposición de la Cámara de Cuentas de Andalucía y mediante visitas a las sedes de las consejerías y organismo autónomo, otorgantes de las subvenciones, y a beneficiarios cuando se ha considerado necesario.
El informe precisa que se han seleccionado 52 documentos de pagos que representan a cuarenta perceptores, siendo el importe total examinado de 29 millones de euros.
Entre las principales incidencias detectadas en los expedientes examinados, relativos a los documentos de pago seleccionados, la Cámara de Cuentas precisa, además la falta de control del cumplimiento de los compromisos de los beneficiarios, que se han imputado gastos al capítulo VII de 'Transferencias de Capital' de la Junta de Andalucía cuya naturaleza "no contribuyen directa ni indirectamente al establecimiento de la estructura básica o creación de activos fijos, ni a la formación bruta de capital fijo del ente beneficiario y tampoco del ente concedente", de manera que considera que dichos gastos "debieron figurar como gastos de funcionamiento u operaciones corrientes".
Otras de las conclusiones de este informe apunta que mediante subvenciones de capital destinadas a la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) y a las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), el SAE financia gastos del personal que "año tras año desempeñan actividades correspondientes a determinados programas presupuestarios del propio organismo autónomo y a los que se le renueva anualmente los contratos con carácter laboral, por lo que dichos gastos que tienen naturaleza corriente deben figurar imputados al capítulo IV de 'Transferencias corrientes'".
Ha recordado al respecto que actualmente, el referido personal ha quedado integrado en la plantilla de la Agencia Andaluza de Empleo y en la Fundación Red Andalucía Emprende.
JUSTIFICACIÓN
La Cámara de Cuentas ha apuntado que la Ley 3/2004, de medidas de medidas tributarias y presupuestarias para 2005, prohíbe realizar pagos de subvenciones a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad, con cargo a un mismo programa presupuestario, salvo resolución motivada siempre que concurran circunstancias de especial interés social.
Al respecto, precisa que la Consejería de Obras Públicas y Transporte, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y el SAE, "a través de resoluciones de exoneración insuficientemente motivadas y soportadas, autorizaron el pago de subvenciones a terceros, sin que estos hubieran justificado los importes recibidos con anterioridad".
Agrega que en general, las entidades examinadas "no cuentan con registros que informen de las resoluciones de exoneración emitidas en cada ejercicio y de los expedientes afectados".
Por otro lado, la Cámara de Cuentas andaluza ha apuntado que "en casos puntuales se pone de manifiesto una menor rigurosidad para iniciar los expedientes de reintegro, cuando el tercero o beneficiario de los fondos no ha justificado los libramientos en el plazo establecido".
El ente fiscalizador indica asimismo que el estado de 'Libramientos Pendientes de Justificar' del sistema Júpiter "no se actualiza con las posibles prorrogas de los plazos de justificación y por tanto no muestra la situación real de dichos libramientos", de forma que "se incumple la normativa que señala que los centros contables actualizarán la fecha límite en caso de prorroga".
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