La Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Empleo y antes de que ésta fuese integrada en la nueva Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, promueve una "revisión de oficio" de los tres "compromisos de abono" firmados en 2007 y 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión por orden de la juez Mercedes Alaya, para las pólizas de seguro de rentas asociadas al expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la sociedad gestora del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla.
A través de un documento firmado el pasado 27 de abril por el ya exconsejero de Empleo Manuel Recio y recogido por Europa Press, la Consejería de Empleo acuerda "iniciar procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho" de los mencionados actos administrativos. En concreto, el documento menciona los tres "compromisos de abono" firmados por Francisco Javier Guerrero los días 5 de noviembre de 2007, 2 de enero de 2008 y 29 de abril de 2008 para asignar, respectivamente, 3.410.134 euros, 1.609.042 y 1.891.637 euros, para las pólizas de seguro de rentas asociadas a las prejubilaciones de un total de 34 extrabajadores de Mercasevilla acogidos al expediente de regulación de empleo de 2007.
TRÁMITE DE AUDIENCIA
A tal efecto, la Consejería de Empleo acordaba, igualmente, habilitar un trámite de audiencia para la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, y el Banco Vitalicio de España como entidad contratada para las pólizas de seguro de rentas de estos 34 extrabajadores de la lonja hispalense.
El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas quedaron en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento incluido en la trama que investiga la juez Mercedes Alaya sobre la supuesta administración arbitraria y fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos y las falsas prejubilaciones descubiertos en numerosos ERE financiados precisamente con cargo a esta partida.
EL ERE DE 2007
Y es que aunque Francisco Javier Guerrero había firmado los mencionados compromisos de abono mostrando la "conformidad" de su departamento para financiar las 34 citadas prejubilaciones de Mercasevilla, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera advierte en un documento recogido por Europa Press de que estos actos fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".
Francisco Javier Guerrero, de cualquier modo, permanece en prisión comunicada y sin fianza por orden de la juez Mercedes Alaya, quien le imputa delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil, a cuenta de su papel en la supuesta trama como director general de Trabajo y Seguridad Social. El juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, en paralelo, celebra este jueves una vista oral por la demanda promovida por 34 de los prejubilados de este ERE, para reclamar los compromisos de pago acordados para sus rentas.
Esta demanda carga contra la propia sociedad gestora del mercado central de abastos, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas de la empresa, la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio y, por último, contra la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
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