Huelva

Procesan al exalcalde de Bollullos por presunto delito de prevaricación

Al adjudicar en 2006 el contrato de recogida de basura a Cespa

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  • Carlos Sánchez -

 

El exalcalde de Bollullos Par del Condado, el socialista Carlos Sánchez, y cuatro de sus concejales serán procesados por un presunto delito de prevaricación al adjudicar en 2006 el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de contenedores de la localidad a la empresa Cespa, supuestamente "sin tener consignación presupuestaria" para ello.

   En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado notifica el procesamiento de estas cinco personas -- el exalcalde, más los concejales Rosario Rosado, Davinia Palacios, David Benjumea y Dolores Ramos-- acordando a su vez dar traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a la Acusación, para formular escrito de acusación y solicitar, en su caso, la apertura de juicio oral.


   Tanto el exalcalde como los concejales declararon el pasado mes de marzo por estos hechos, por los que Cespa le reclama una deuda que asciende a 327.485,41 euros correspondientes a las facturas de contratación de los citados servicios, los cuales se contrataron pese "al informe del Interventor en el que indicaba la insuficiencia de crédito disponible para hacer frente al contrato", según reza en el auto judicial.

   Pese a que el anterior equipo de gobierno a estas últimas elecciones municipales, conformado por una coalición de exconcejales de IU y del PP-- alzó un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de que este tribunal ordenara al juzgado de la Palma a abrir diligencias penales por el pleito que la empresa contra el Ayuntamiento ante la deuda de más de 327.000 euros, el recurso fue desestimado.

   Se trata de la tercera causa en la que se ordena el procesamiento de Carlos Sánchez, tras la del caso del Parque Ramos Mantis y el del recinto ferial de la localidad, estando imputado también por presuntos delitos de prevaricación y estafa en otro asunto por el derribo de una vivienda para la construcción de una plaza, a raíz de la denuncia de una vecina del municipio.

 

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