El Cais ha criticado la “falta de nexo de unión” entre el Ayuntamiento y los barrios, aludiendo al “miedo en sus delegados, que sólo buscan una paz social ficticia premiando a los de siempre para que no se muevan y olvidando a los que antes pelearon contra el poder creyendo que ahora no lo harán”, todo ello tras la dimisión en bloque registrada en la asociación de vecinos Bami Unido ante la “inacción” municipal y la presión de los aparcacoches ilegales o ‘gorrillas’.
El presidente de la CAIS, José Baena, indicó ayer, en referencia a la renuncia de la presidenta, Laura Baños, que “Sevilla ha perdido a una dirigente vecinal comprometida con su barrio, que anteponía su vida personal y su patrimonio a favor de los vecinos de su entorno, sin miedo pero con responsabilidad”.
“Se está tardando mucho, quizás demasiado, en cumplir lo pactado con estas entidades, que antes sabían que luchaban contra la intolerancia de un gobierno que no hacía nada por ellas, y que ahora, aunque te reciben, ven como todo se queda en promesas”, subrayó Baena.
Por su parte, el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Demetrio Cabello, volvió a asegurar ayer que la lucha contra la erradicación de los ‘gorrillas’ de las calles de la ciudad es una “carrera de fondo” en la que el actual gobierno “no ha parado” desde el inicio del mandato, mientras que el anterior gobierno, compuesto por PSOE e IU, “ni siquiera atravesó la línea de salida”.
En una nota, concretó que en este periodo la Policía Local ha interpuesto un total de 1.076 denuncias a aparcacoches ilegales en toda la ciudad, de las que 292 denuncias se han registrado en la zona de Bami, lo que demuestra que “no se ha dejado de aplicar la tolerancia cero a esta actividad”.
Por contra, resaltó, “desde el 1 de enero hasta el 22 de mayo de 2011 se pusieron sólo 132 multas a gorrillas en toda la ciudad y 22 en Bami”, por lo que “está claro quién apuesta por acabar con un problema que llevan años padeciendo los sevillanos y quién ha estado mirando para otro lado”.
Del mismo modo, apuntó a que se está buscando también la forma más adecuada para llevar a cabo una modificación de la Ordenanza Antivandálica que ofrezca garantía jurídica a los agentes a la hora de decomisar a los gorrillas el dinero procedente de su actividad.
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