Alfonso Martínez del Hoyo, abogado del exconsejero, ha dicho a Efe que su recurso ha sido presentado hoy, tiene una considerable extensión y en él expresa sus argumentos para que se levante la orden de prisión, aunque no ha precisado si ofrece la alternativa de que quede libre bajo fianza.
El letrado ha indicado que no divulgará el contenido de su recurso hasta que sea conocido por la juez instructora de los ERE fraudulentos, que mantiene imputados a medio centenar de "intrusos" en los ERE y exaltos cargos.
La juez decretó prisión incondicional por el peligro de que Fernández pueda sustraerse a la acción de la justicia, "y más aún el riesgo de que pueda entorpecer la instrucción de la causa".
El primero de ellos deriva, según la juez, de que ahora se ha conocido "la importancia de los indicios y la gravedad de los delitos que se le imputan", con penas que podrían alcanzar hasta los 18 años de prisión por el delito de malversación continuada.
Además consideró que existía riesgo de fuga porque "pese a tener suficiente arraigo familiar y laboral", la gravedad de los delitos "podrían generar el más que lógico temor ante una eventual condena" y su fuga es posible dada su capacidad económica, derivada de los "importantes salarios" que percibió en sus cargos públicos.
Además, la juez dijo que es necesario evitar que Fernández "pueda entorpecer la instrucción de la causa" por su influencia sobre testigos e imputados.
Con ocasión de la comparecencia para decretar medidas cautelares, el abogado de Fernández alegó que la prisión era una medida "innecesaria" y "desproporcionada" de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y apeló a la lejanía en el tiempo de los hechos investigados, con la consiguiente dificultad de acusar a su cliente de continuidad delictiva.
No existe riesgo de destrucción de pruebas, según Martínez del Hoyo, y tampoco de fuga, pues Fernández conocía desde un año antes de su comparecencia ante Alaya su condición de imputado en la causa.
Argumentó entonces que Fernández, como jurista que es, conocía las posibles consecuencias de su declaración judicial, tras la cual se convirtió en el tercer imputado que ingresa en prisión junto con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo.
La juez de instrucción 6 de Sevilla imputó a Fernández cuatro delitos continuados -negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación- y otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento.
Su abogado defensor rechaza también el fondo de los delitos que se imputan a Fernández y sostiene que "se asientan sobre equívocos" como la idea de que se trataba de fondos opacos y sin consignación presupuestaria, pese a que eran conocidos por los servicios jurídicos de la Junta y por el Parlamento andaluz "en todas sus fases y a lo largo de una década".
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