Según han explicado a Europa Press fuentes del caso, este anuncio, que ha sido realizado en el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Sevilla --donde se había programado la primera vista del caso, correspondiente a la demanda interpuesta por una veintena de afectados de las zonas de La Romería y Eva Cervantes--, ha propiciado la suspensión de la audiencia, dado que la representación legal de Resipark no contaba con los documentos precisos para justificar una petición realizada por orden de la administración concursal.
El allanamiento supone la declaración expresa de voluntad del demandado de no formular oposición, de conformarse con la pretensión planteada por el demandante, y, en consecuencia, de que se dicte sentencia estimatoria. Ello supondría que, una vez el proceso quede justificado convenientemente, comenzarán a emitirse los primeros fallos, que pasarían a formar parte del concurso.
Precisamente, la fecha de esta audiencia coincide con la finalización del plazo para personarse en el concurso de acreedores en el que está inmersa la empresa que se hizo cargo de las gestiones de varios lotes de aparcamientos en la ciudad adjudicados por el Ayuntamiento hispalense, y que por ende ha sido intervenida por el Juzgado de lo Mercantil.
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO
Antes de entrar en esta situación, Resipark (antigua Equipark) ya emitió contestación formal a una de las acciones, en la cual se acogía a la figura de excepción de litisconsorcio pasivo necesario para apuntar a la responsabilidad del Ayuntamiento en el caso.
Este argumento no es nuevo, toda vez que el ente ya remitió un escrito al juzgado considerando a la corporación municipal responsable en la medida en que otorgó autorización de obras en terrenos que no eran de titularidad pública, sino privada, argumento que ha llegado a utilizar para justificar en su momento el impago de los avales a los vecinos que así lo solicitaban.
Por otro lado, Resipark llegó a presentar alegaciones contra el proceso de resolución ejecutado sobre el contrato, que califica de "fraude de ley", según confirmaron a Europa Press fuentes de la representación jurídica de la empresa.
Las alegaciones en vía administrativa se basan tanto en las causas de nulidad contractual ya solicitadas por la empresa con anterioridad --bajo el argumento fundamental de que los proyectos de aparcamientos fueron adjudicados en suelos privados donde no se podían construir-- como por la "falta de fundamento y criterio" en la que consideran incurre el razonamiento municipal a la hora de remontarse a la transmisión entre sociedades.
La última opción de los afectados pasaría por pedir cuentas como responsable subsidiario al Consistorio, que ha iniciado la resolución de contrato con Resipark a cuenta de los problemas derivados de la gestión de los proyectos por parte de ésta, y que la pasada semana ya anunció la incautación de avales por valor de 3,4 millones de euros procedentes del parking de Cueva de la Pileta (Sevilla Este), por abandono de obra.
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