Por órdenes jurisdiccionales, los procedimientos penales supusieron más de siete de cada diez asuntos de los que se recibieron en los juzgados andaluces, en concreto un 77 por ciento del total, que se corresponde con tres cuartas partes de los ingresos. En el otro extremo, se situó la tasa de ingreso relativa a la jurisdicción social y contencioso administrativo (social con un 4 por ciento y contencioso administrativo con un 3 por ciento), mientras que la jurisdicción civil supuso un 16 por ciento del total de asuntos ingresados.
Según se pone de manifiesto en la memoria, que por primera vez recoge este año un apartado dedicado al análisis de los problemas "más acuciantes" de la justicia y a la incidencia de la crisis en los órganos judiciales, pese al esfuerzo de jueces y magistrados, "la situación final no es satisfactoria" ante la dificultad de bajar la tasa de asuntos pendientes, que había ido aumentando progresivamente en las anualidades anteriores. A ello contribuye, según ha puesto de manifiesto Lorenzo del Río, la falta de aumento de plazas judiciales, las medidas de refuerzo inadecuadas o insuficientes y "la demora en reformas en la organización del sistema de trabajo".
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