En este sentido, el presidente del comité de empresa municipal, Manuel Loza, ha indicado a Europa Press que se ha celebrado una asamblea con los trabajadores del área de asuntos sociales, mientras que este jueves se desarrollará con los de economía y empleo. En estos encuentros, se ha expuesto la puesta en marcha de una vía judicial, para impugnar el plan de ajuste, algo que continua estudiando la asesoría jurídica de CCOO y UGT, especialmente teniendo en cuenta la "falta de negociación de determinados aspectos que el Ayuntamiento pretende aplicar".
Entre los elementos para la impugnación del plan, apunta a la "modificación unilateral" de convenio, la toma de decisiones concretas "sin acudir" a la negociación, la aplicación "partidaria de las 37,5 horas cuando no están en marcha los presupuestos nuevos", entre otros. "Estamos informando detalladamente a la plantilla del engaño que se quiere vender con el pago a proveedores y a costa de los trabajadores fundamentalmente, por la estimación del crédito sería unos 60 millones más otros 20 de intereses, mientras que el ahorro en retribuciones de los trabajadores con el plan de ajuste supone 200 millones en los diez años", sentencia, tras criticar que se pretenda "enmascarar el plan de ajuste con el saneamiento de las arcas".
Ante esta situación, anuncia que iniciarán en breve una recogida de firmas entre los ciudadanos para "llamar su atención, teniendo en cuenta que también estarán afectados directamente en los recortes en servicios de empleo y servicios sociales". Además, pondrán en marcha nuevas vías de comunicación a través de Facebook y Tuenti, colocarán pancartas en los centros, y estudian realizar "actos simbólicos" en la Feria de Abril.
"Articularemos medidas progresivas si no se sientan a negociar y si es necesario parar los servicios, lo haremos", sentencia Loza, que deja claro que la plantilla está dispuesta a "echar el resto para que no se recorte más". Igualmente, plantea que "en vez de cargar el peso de las medidas en los trabajadores, también se podrían realizar otras sobre el personal de confianza o los altos cargos, aplicando los topes puestos por el Gobierno central, por ejemplo".
Por último, insiste en la "injusta" aplicación de este plan de ajuste sobre los trabajadores y critica el modo en que se ha aprobado, "con urgencia, llevándolo a un pleno sin conocerlo los trabajadores, y de forma unilateral".
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