Las autorizaciones, para un periodo de seis años, se vinculan a programas de trabajo que supondrán una inversión empresarial mínima de 7,85 millones de euros y las investigaciones incluirán estudios geológicos, geoquímicos y sísmicos.
La zona de exploración en Sevilla tiene una extensión de 27.208 hectáreas y se reparte entre los municipios de Albaida del Aljarafe, Alcalá del Río, La Algaba, Bollullos de la Mitación, Camas, Castilleja de Guzmán, Espartinas, Gerena, Guillena, Olivares, La Rinconada, Salteras, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Sevilla, Umbrete, Valencina de la Concepción y Villanueva del Ariscal.
En la provincia de Jaén se explorarán dos zonas, la primera de las cuales, de 40.812 hectáreas, se distribuye entre Baeza, Bedmar y Garcíez, Begíjar, Jaén, Jimena, Lupión, Mancha Real, Torreblascopedro, Torres, Úbeda y Villatorres. La segunda ocupa una superficie de 27.208 hectáreas en Baeza, Bedmar y Garcíez, Cazorla, Jódar, Peal de Becerro, Quesada y Úbeda.
Andalucía tiene la competencia para otorgar este tipo de autorizaciones en su ámbito territorial, reconocida por la ley estatal del sector de hidrocarburos aprobada en 1998. Los permisos tienen carácter preliminar, de forma que los trabajos requerirán en su desarrollo nuevas autorizaciones adicionales, cada una de ellas con su correspondiente trámite ambiental y de información pública.
En el caso de que las investigaciones fructifiquen e indiquen la viabilidad del proyecto, la autorización de la explotación corresponderá al Gobierno central, previo informe de la Junta.
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