Campo de Gibraltar

Un informe de Tesorería asegura que rechazar el plan costará diez millones

A pesar de esta situación, la delegada de Hacienda asegura que el pago de los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011 está garantizado.

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  • La delegada de Hacienda. -
El rechazo al plan de ajuste costará 10.329.300 euros más a las arcas municipales durante 2012, 2013 y 2014, según recoge un informe elaborado por el departamento de Tesorería, y hecho público esta mañana por la delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Chiclana, Ascensión Hita.

Según este documento, de contar con un plan de ajuste y bajo las condiciones que recoge el Real Decreto del pasado 24 de febrero, durante los tres primeros años el Ayuntamiento de Chiclana debería abonar un total de 8.134.700 euros, contabilizando los dos años de carencia, en los que sólo se hace frente a los intereses, y un tercero en el que sí se amortiza capital, mientras que en las circunstancias actuales, la cuantía asciende al 50 por ciento del dinero que recibe el Ayuntamiento a través los fondos procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), es decir 18.464.000 euros.

A pesar de estos datos objetivos, la delegada municipal de Hacienda ha asegurado que el pago a los proveedores municipales a 31 de diciembre de 2011 está “completamente garantizado, así como las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento”.

La edil municipal ha salido así al paso de las declaraciones del PSOE que aseguraba que pagar a través de los ingresos procedentes del PIE supondrá un ahorro de los intereses, y ha manifestado que “este ahorro se va a conseguir pagando más desde el principio, en unos momentos de dificultades económicas”. “En todo caso, ha añadido, el mayor ahorro hubiese sido no haber contraído esta deuda con los proveedores, que son quien han pagado la mala gestión de gobiernos municipales anteriores”.

Como se recordará, el Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero aprobado por el Gobierno central tenía como objetivo facilitar liquidez a las entidades locales para hacer frente a las deudas contraídas con sus proveedores. Para el reintegro de este importe se solicitaba a los ayuntamientos la elaboración de un plan de ajuste que determinara las cantidades a desembolsar durante cada uno de los diez años de plazo. Esta medida suponía, a juicio de Hita, “reducir el plazo de cobro de los proveedores a unos 40 días, frente a los 535 de media hasta 2011, inyectado liquidez en las empresas y garantizándoles un cobro regular por sus servicios”.

El recorte de los ingresos de los fondos PIE podría llevar, ha declarado Ascensión Hita “a que en próximo años los plazos para el pago de facturas volviesen a aumentar, generando así intereses de demora y volviendo a asfixiar a los proveedores, mayoritariamente Pymes y pequeños empresarios”.

En este sentido, la edil responsable de las cuentas municipales ha señalado la voluntad del actual equipo de gobierno de profundizar en la reducción de los gastos y que sólo a partir de 2013 se plantearía la posibilidad de estudiar una subida de algunas tasas municipales para cubrir el coste de los servicios, y nunca el Impuesto de Bienes Inmuebles”.

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