Para ello, podrán optar entre conectarse telemáticamente a la base de datos de la Agencia Tributaria o acudir directamente a los ayuntamientos que les adeudan dinero para hacer la misma gestión en formato papel, para lo que tienen de plazo hasta el 22 y el 20 de abril, respectivamente.
En ambos casos, cada proveedor deberá aportar un número de cuenta corriente y el importe del principal, con el descuento de la quita en caso de que exista.
El plan de pagos del Gobierno se establece a través de un préstamo de 35.000 millones de euros a diez años (financiado por la banca y el instituto de Crédito Oficial) con dos de carencia y un tipo de interés cercano al 5 %, de los que 20.000 millones serán para cubrir las deudas de los ayuntamientos y el resto para las comunidades.
Según datos del Ministerio de Hacienda, publicados el 17 de marzo, un total de 177.070 proveedores se beneficiarán de este sistema, al que se han acogido 4.622 entidades locales que presentaron un total de 1.931.976 facturas pendientes de cobro por un importe de 9.584 millones.
El Congreso de los Diputados convalidó el pasado jueves, coincidiendo con la jornada de huelga general, el real decreto ley por el que se creaba el fondo para la financiación de los pagos a los proveedores de las administraciones públicas con 196 votos a favor, 2 en contra y 112 abstenciones.
El préstamo estará avalado por el Estado, que a su vez tendrá la garantía de los recursos que se transfieren a los ayuntamientos para financiarse.
Durante la defensa de la norma en el Congreso, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, puso en valor la aprobación de este fondo, un mecanismo que según ha dicho, ayudará a acabar con una situación “que no es tolerable”.
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