Actualmente hay destinados unos 800 efectivos destinados a labores de protección fuera del País Vasco y Navarra, han precisado a Europa Press fuentes policiales, según las cuales este plan supondrá un recorte cercano a la mitad. Esto supone una cifra aproximada de 400 agentes, indican estas mismas fuentes consultadas.
Fue el pasado 20 de marzo en su primera comparecencia como ministro en el Senado cuando Fernández Díaz fechó en el 1 de abril el inicio de esta reducción que enmarcó dentro de la política de austeridad y racionalización en el empleo de los recursos públicos que va a emprender su Departamento durante esta Legislatura.
Antes de este plan, más de 1.500 personas tenían escolta en toda España, además de los cargos electos locales, cuya protección es asumida por policías locales. Para estas labores de protección estaban destinados casi 3.000 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil así como más de 700 escoltas privados a cargo del Presupuesto del Ministerio del Interior.
El impacto presupuestario de este despliegue de escoltas en el Presupuesto era de 160 millones de euros anuales, de los cuales 100 se dedicaban a la protección en el País Vasco y en Navarra, a cargo de escoltas privados.
El ministro recordó en sede parlamentaria que "mientras en España el número de escoltados se cuenta por centenares, en otros países de la Unión Europea se cuenta por unidades", incluso en aquellos que también han sufrido la amenaza del terrorismo. Fernández Díaz, cree que, "aun considerando la pervivencia latente de la amenaza de ETA, el análisis de la situación actual colige que el número de protegidos y de protectores está muy por encima de lo razonable".
Esta reducción de escoltas tiene su punto de partida en el pasado 20 de enero cuando Fernández Díaz presentó en el Consejo de Ministros un informe de situación sobre los servicios de protección a nivel nacional, dando instrucciones a la Secretaría de Estado de Seguridad para elaborar un Plan de Reducción de los Servicios de Protección diferenciado para el País Vasco y Navarra y el resto del territorio nacional.
Dicho Plan, cuya tramitación se encuentra muy avanzada, se inspira en el análisis individualizado y objetivo del riesgo real de cada uno de los protegidos, por lo que la decisión sobre qué personas requieren medidas de protección y la entidad de los dispositivos a establecer, estará a partir de ahora determinada más por el análisis objetivo del riesgo personal que por el cargo que estas personas ocupan, sin perjuicio de la reversibilidad de las decisiones que se adopten.
Para acometer este plan el Ministerio asegura haber mantenido encuentros con los representantes de los trabajadores y con todas las empresas contratadas y que el objetivo es tratar de buscar soluciones alternativas para evitar el desempleo de muchos escoltas. El Gobierno vasco ya ha empleado a escoltas que prestaban servicios a amenazados por ETA en la protección de mujeres víctimas de malos tratos.
Otra opción que baraja el Ministerio del Interior es emplear a los escoltas en labores de vigilancia en los Centros Penitenciarios. Además desde el sector de los escoltas privados se han planteado otras salidas, incluso la de incorporar a estos agentes como seguridad aérea en los vuelos regulares civiles.
Una vez finalizada esta importante reducción de escoltas se pretende recuperar numerosos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para asignarlos a funciones de seguridad ciudadana. El segundo paso será abordar un segundo proyecto de revisión relativo a la protección de edificios oficiales e instalaciones públicas.
El patrón a seguir será el mismo y se estudiarán la totalidad de las instalaciones protegidas para definir exactamente el grado de protección que debe disponer cada una y por tanto el número de agentes que realmente le corresponden.
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