Concretamente, dicha legislación establece, "como principio general, que el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio no estarán sujetos a un régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador".
En esa línea, la nueva ordenanza introduce la declaración responsable como "principio básico" e "instrumento idóneo y más proporcionado de control de las actividades de servicio", de forma que, salvo para "supuestos excepcionales" no se requerirá el otorgamiento de una autorización para el inicio de una actividad, sino que será suficiente que la Administración conozca la existencia de la actividad, tras lo cual se activarán "los mecanismos de inspección y comprobación posteriores".
Asimismo, la nueva ordenanza impone "la simplificación de los procedimientos de control e implanta, con carácter general, el silencio administrativo positivo en los procedimientos autoritarios, operando así como una auténtica garantía para los ciudadanos". Como contrapartida, se refuerza la responsabilidad del titular y los técnicos firmantes de la documentación, que pueden ser sancionados en caso de incumplimiento.
Con la aplicación de estas nuevas directrices, el Ayuntamiento espera que se produzca una reactivación de la actividad empresarial y comercial en Sevilla que se traduzca en nuevas contrataciones en el terreno laboral.
Y es que, a juicio del concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, "en una coyuntura de crisis económica como la actual, cobra mayor importancia la estimulación de la actividad económica" y la administración local tiene "la obligación de erigirse en impulsora y catalizadora del desarrollo económico de sus ciudades".
Al hilo de ello, el edil ha remarcado que el equipo de gobierno del Consistorio hispalense "cree firmemente en la flexibilización de los procedimientos de concesión de licencias como medio para conseguirlo", ya que "no se puede permitir que la tramitación de los permisos necesarios para comenzar una actividad se demoren mucho más allá del tiempo legalmente estipulado", pues "está en juego la paralización de proyectos y del desarrollo urbanístico, comercial y empresarial de la ciudad".
A este respecto, el Ayuntamiento ha recordado que todos los actos que signifiquen "una transformación material de los terrenos o del espacio" requieren de la concesión de licencia previa por parte de la administración municipal, que es una autorización que la Administración otorga por un plazo determinado y para cuya concesión dispone igualmente de un tiempo.
En esta línea, Vílchez ha señalado que "la acumulación de trabajo y la excesiva burocratización de los trámites ha generado una ralentización inadmisible en la concesión de licencias, tanto de obras, como de primera ocupación y, de actividad", a la vez que ha expresado su "creencia firme en la capacidad de los técnicos de Urbanismo y de Medio Ambiente para reducir los actuales tiempos de concesión de licencias".
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