La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, emitida el 17 de enero y recogida por Europa Press, desestima el recurso promovido por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), contra un fallo previo del Juzgado de lo Contencioso administrativo número dos de Sevilla. Esta última instancia judicial, en función de un recurso del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, había anulado los pliegos de condiciones y "los posteriores actos de contratación" de unas obras promovidas por EPSA para levantar 200 viviendas protegidas en el Polígono Aeropuerto, así como garajes y locales comerciales.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en 2006, recurrió la contratación conjunta del proyecto y la ejecución de las obras de esta promoción. El TSJA, así, descarta "acoger el criterio de tratarse de viviendas protegidas como único referente que permita la solución adoptada en este caso", confirmando "la inexistencia de una razón conveniente de interés público que justifique la ausencia de anteproyecto". La sentencia es ya firme e impone las costas de la segunda instancia a la promotora.
Al anularse todo el proceso, las viviendas, que ya están construidas dado el largo tiempo del proceso judicial, quedan ahora según el Colegio de Arquitectos en un "limbo legal" que deberá resolverse. Sin embargo, el Colegio de Arquitectos de Sevilla "siempre evita que casos como este redunden en perjuicio de los ciudadanos, por lo que no pedirá ninguna medida que apunte al derribo de lo construido". Su objetivo es, por el contrario, "que los usos de la Administración sean acordes con las leyes, para evitar estos conflictos".
El decano del COAS, Ángel Díaz del Río, expresó al respecto su satisfacción por la doctrina judicial que se ratifica, ya que los tribunales han apoyado otras denuncias similares del COAS. En este sentido, recordó que la Justicia ha anulado varios concursos para la construcción o ampliación de colegios promovidos por la Entidad Pública Andaluza de Infraestructuras Educativas, organismo dependiente de la Junta de Andalucía, por contratar conjuntamente el proyecto y LA ejecución de obras sin causa justificada.
El decano de los arquitectos sevillanos anunció que "seguiremos exigiendo que haya transparencia y cumplimiento estricto de la legalidad en la adjudicación de las obras públicas, que es la mejor manera de garantizar la seguridad en las edificaciones".
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