Campo de Gibraltar

El Gobierno local instará a la Junta a que apruebe las Normas Sustantivas

Núñez dice que ?la vigencia de este documento transitorio es vital para Chiclana, puesto que su no aprobación haría crujir los cimientos de la ciudad"

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El portavoz y delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Andrés Núñez, ha anunciado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Chiclana del Partido Popular instará a la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía a aprobar de forma inmediata las Normas Sustantivas, toda vez que éstas ya han pasado por exposición pública, y resuelva de forma conveniente las pertinentes alegaciones.

Dicha instancia “se vuelve necesidad”, según Núñez, tras la celebración de la Junta de Portavoces durante la jornada de hoy por los grupos con representación municipal en la oposición, a los cuales se les ha trasladado las consecuencias que tendría para Chiclana la no aprobación urgente de las Normas Sustantivas.

El edil de Urbanismo ha realizado un somero repaso en este sentido, recordando que, sin Normas Sustantivas vigentes, y estando a la espera de la aprobación de nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), “Chiclana se quedará sin la ejecución de 1.200 viviendas potenciales, no podría desarrollarse el centro comercial de La Longuera, tampoco el edificio situado en la Plaza Mayor, 100 viviendas que ya poseen su licencia de obra no podrían recibir la licencia de ocupación y se quedarían sin construir dos escuelas infantiles, además del colegio que se situará en Majadillas”, entre otros muchísimos daños innumerables, como las indemnizaciones a las que el Consistorio debería hacer frente con dinero público tras el aluvión de reclamaciones patrimoniales que llevarían a cabo los propietarios de las 35.000 viviendas en Chiclana que sufrirían un vital desvalor.

Ante dicha potencial situación, Núñez ha explicado que “desde la Dirección General de Urbanismo no se entiende como es posible que aún no exista un posicionamiento único por parte de la Corporación Municipal, independientemente de ideologías o intereses, debido a que se trata de un problema urbanístico de gran calibre y que perjudicará de forma objetiva a gran parte de Chiclana”.

Pese a dicha falta de acuerdo, el edil de Urbanismo ha afirmado que “el equipo de gobierno ha elegido situarse junto a Chiclana y a los chiclaneros, y es por ello que solicitaremos formalmente y por escrito que dichas Normas Sustantivas entren cuanto antes en vigor en nuestro municipio”.

Asimismo, el portavoz del equipo de gobierno ha puesto de manifiesto la tibieza del PSOE “ante un tema de vital importancia para nuestros ciudadanos, puesto que, no contentos con ser los únicos responsables del caos urbanístico que sufre Chiclana, ahora no quieren apoyar una salida jurídica que permitirá a nuestra localidad continuar desarrollándose”.

Además, ha realizado una valoración de las propuestas en materia urbanísticas que el PSOE ha hecho públicas, calificándolas de “irreales y poco serias, opinión que es, además, compartida por la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía, administración gobernada por su mismo color político”, añadiendo que “con este tipo de propuestas, desgraciadamente, resulta natural que, tras treinta años de gobierno socialista en Chiclana, vecinos como los de Los Llanos aún no dispongan de servicios básicos, unos servicios que fueron prometidos por el entonces alcalde Manuel Jiménez Barrios, el cual les instó a abonar una gran cantidad de dinero de sus propios bolsillos para colocar unas torres de electricidad que, sin el correspondiente aval urbanístico, no son útiles”.

Cabe recordar que el Plan General de Ordenación Urbana fue anulado por el Tribunal Supremo a finales del pasado mes de mayo, tras haber estado éste en vigor por apelaciones presentadas por el PSOE de Chiclana casi una década, toda vez que la Audiencia Provincial de Cádiz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también desestimaron la legalidad de dicho documento.

Tras la anulación definitiva, Chiclana ha pasado a estar regida por unas Normas Subsidiarias que datan de 1987, cuando el municipio contaba con 50.000 habitantes (el censo actual es de más de 80.000) y toda la localidad ha pasado a ser calificada como suelo no urbanizable, excepto el casco histórico, parte del litoral y la Avenida del Mueble.

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