Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el diputado provincial de Familia y Bienestar Social, José Robles, después de que la delegada provincial de Igualdad, Magdalena Sánchez, haya acusado a la institución provincial de generar confusión con una carta enviada a los usuarios relativa a la atención a personas dependientes de grado I nivel 2.
Según ha mantenido Robles, la misiva fue remitida en respuesta a las continuas llamadas de usuarios que tienen reconocido este grado de dependencia después de que desde la Junta "se les convocara a una reunión hace diez días en la que se les mintió diciendo que era el Gobierno de España quien había congelado las ayudas" cuando según el diputado "esto no es cierto".
"El Gobierno ha dicho que mantiene las prestaciones que había a 30 de diciembre de 2011, de modo que si la Junta hubiera cumplido su compromiso de publicar la orden en el BOJA, ese grado estaría ahora en vigor" y "se podrían elaborar las PIAs previas a la concesión de ayudas", ha mantenido el diputado provincial.
Asimismo, asegura que la Diputación es ajena a esta situación, ya que no puede elaborar ni tramitar estos programas hasta que la Consejería de Igualdad no publique la orden que regula este grado en el BOJA.
Según ha precisado, esta situación sólo afecta a las personas que hayan sido valoradas después del 1 de enero de 2012, ya que el Real Decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno central para la corrección del déficit público mantiene todas las ayudas que se prestaban con anterioridad a esa fecha.
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