Las citaciones son consecuencia de la "Operación Horus", llevada a cabo por la Guardia Civil en 2011, en la que fueron detenidas 16 personas en nueve provincias españolas, entre ellas el director y tres trabajadores del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de San Jerónimo (Sevilla).
Los implicados, según la Guardia Civil, robaban huevos y pollos de águila imperial del medio natural y los llevaban al centro de Sevilla, donde los presentaban como nacidos en ese centro para seguir cobrando subvenciones.
Fuentes del caso han informado a Efe de que el juez de instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha citado mañana al director del centro de San Jerónimo, J.L.A.R., al aficionado a la cetrería A.D.G. y al guarda forestal I.M.T., cuyos abogados han pedido la nulidad de actuaciones por las escuchas telefónicas, que a su juicio no estaban justificadas dada la escasa entidad del delito.
Las citaciones se han producido pese a que el juez tiene pendiente de resolver los recursos contra su decisión de inhibirse a favor de diez juzgados de toda España que ordenaron los registro en los domicilios de los imputados, ya que no considera que se tratase de una trama organizada.
El juez decidió inhibirse a favor de juzgados de Jaén, Córdoba, Ciudad Real, Coín (Málaga), Baracaldo (Vizcaya), Bilbao, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Lorca (Murcia) y Avilés y Cangas (Asturias).
En un auto, señaló que "de las diligencias de investigación hasta ahora practicadas" se infiere que los hechos tuvieron lugar en el partido de los citados juzgados, que fueron quienes autorizaron los registros domiciliarios pedidos por la Guardia Civil en busca de los huevos o pollos expoliados.
La Fiscalía de Sevilla, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, se ha opuesto a dicha inhibición pues se trata de una decisión "prematura a la vista de los informes policiales, basados en las intervenciones telefónicas, entradas y registros practicados, que justifican a priori la existencia de una organización".
Junto a ello, la Fiscalía entiende que se podría producir una "inviabilidad probatoria y de seguridad jurídica para los imputados si la causa se llevara en procedimientos penales separados".
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