Esta es la premisa que defiende el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, que ayer volvió a insistir en que el Ayuntamiento apuesta por buscar el “equilibrio y la coherencia”, con respecto a la problemática surgida en torno al rascacielos, para “salvaguardar los bienes del entorno histórico de la ciudad que tienen la catalogación de Patrimonio de la Humanidad”, pero haciéndolo compatible con la “seguridad jurídica y la concesión de una licencia que fue dada legalmente, aunque a algunos les guste más o menos”, recalcando, además, que “no estamos para revisar los actos”.
Zoido, que cree necesario que todas las administraciones vayan “de la mano” para respaldar el proyecto ante la Unesco, respondió de alguna manera, al defender una vez más la legalidad de las obras y de la licencia de la torre, a todos aquellos que dudan de tal efecto, entre los que se incluyen los miembros de la Plataforma Túmbala, que ayer vieron frustrado su intento por parar la torre y casi agotada la vía judicial, después de recibir la sentencia de TSJA, que desestimó su recurso por no haber sido interpuesto en “tiempo y forma”.
Actitud de bloqueo
“La actitud de Cajasol y el Ayuntamiento es de bloqueo. No permiten que los jueces entren a analizar la legalidad o no de la licencia porque no les interesa”, señala el arquitecto Fernando Mendoza, miembro de Túmbala y principal firmante en el escrito del recurso no admitido por el Alto Tribunal Andaluz.
“Zoido -continúa- ha hecho suyo el argumento de Monteseirín y está poniendo todas las chinas en el camino”.
Invasión de lo público
Además de, previsiblemente, solicitar por vía administrativa que se realice una revisión de la concesión de la licencia, Túmbala ha encontrado un nuevo resquicio para seguir con su batalla: la parcela en la que se está edificando el rascacielos invade dos vías pecuarias y un descansadero “que no están desafectados” y que, aunque están en desuso, siguen siendo legalmente “espacios de dominio público”, por lo que “no se puede edificar sobre ellos”.
Así lo explicó a Viva Sevilla otro de los miembros de Túmbala, Ventura Galera, que indicó que el pasado viernes presentaron un escrito denuncia ante la Fiscalía de Sevilla y ante la Consejería de Medio Ambiente para que investiguen estos hechos.
Se trata del cordel de Gambogaz, la vereda del Alamillo o de la Barqueta y del descansadero de la Cruz de La Cartuja, existentes en el área de reforma interior Puerto Triana (ARI-DT-10), que el PGOU considera ‘desafectables’ (que dejen de ser de uso público). “La Junta, su propietaria, no lo ha hecho”, explicó, por lo que podría existir usurpación de dominio público.
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