Juan Martín -apoyado por su partido- ha declarado a Efe que descarta dimitir como pide el PSOE "mientras no exista una sentencia judicial".
Según el escrito del ministerio público al que ha tenido acceso Efe, "en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande funcionaba una trama al frente de la cual se hallaban sus máximas autoridades, cuyo objeto no era otro que obtener un enriquecimiento personal ilícito".
El fiscal mantiene que ofrecían a empresarios y promotores inmobiliarios mayor edificabilidad de la legal a cambio de una retribución económica.
Estos pagos están acreditados por anotaciones manuscritas y constan en archivos informáticos intervenidos y, de acuerdo con ellas, en la Corporación "incluso estaba tasado el precio a pagar por incremento en metros de edificabilidad y del número de viviendas respecto a lo legalmente establecido para esos parámetros".
El metro cuadrado de techo de más se cifraba en 80 euros y a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba 6.000 euros.
De ahí se obtenía el lucro "que se aseguraban los empresarios y promotores que se prestaban a efectuar dichos pagos a las autoridades municipales", según la Fiscalía, que indica que la trama la dirigían el alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón y Gregorio Guerra, ambos del PP.
El cometido del edil de Urbanismo era controlar y contabilizar "adecuadamente" los pagos efectuados y los que debían realizar promotores y empresarios a cambio de licencias de obras ilegales.
Asesor jurídico municipal
En cuanto al asesor jurídico de la oficina técnica del Ayuntamiento, Juan Burgos Gómez, el fiscal entiende que "pese a conocer que los proyectos de obras resultaban incompatibles con el planeamiento municipal" y que contaban con informes negativos del arquitecto, informaba "siempre a favor" de otorgar los permisos.
Para el alcalde, el fiscal pide que se le imputen los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación urbanística y para su mujer el de blanqueo de capitales.
Respecto a ambos, el escrito de la Fiscalía señala que trataron de ocultar las "ilícitas ganancias" obtenidas por el alcalde, "producto de la actividad delictiva desplegada desde su cargo".
El informe alude a "numerosos ingresos" efectuados por el alcalde en cuentas bancarias de procedencia desconocida por más de 50.000 euros y en las cuentas de su esposa figuran en 2006 ingresos en efectivo superiores a 30.000 euros en "sólo seis operaciones".
El alcalde ha asegurado ya a Efe que seguirá en el cargo pese a la petición del fiscal "se pongan como se pongan, mientras no haya sentencia judicial" y "contra viento y marea".
Martín cree que se trata de "un movimiento político a raíz de la toma de posesión del nuevo fiscal (Antonio) Morales", en referencia al fiscal jefe de Málaga, del que dice que "actúa al dictado" del secretario provincial del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia.
Añade que "hace poco llegó un informe de la Agencia Tributaria donde dice que no hay ninguna relación entre la empresa que se dedica a blanquear capital y los imputados".
El PSOE ha exigido la dimisión de Martín Serón igual que renunció el entonces alcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos al ser imputado en el "caso Astapa" de corrupción y pide al presidente del PP andaluz, Javier Arenas, que "expulse a su alcalde ante los graves delitos" que la Fiscalía pide que se le imputen.
Sin embargo, el PP cree que Martín puede seguir en su cargo pese a que el fiscal pide inculparlo, ya que el secretario general y número dos del partido en la provincia, Francisco Salado, confía "plenamente" en la inocencia del alcalde, "porque todos los pasos de la instrucción habían apuntado al archivo de la causa", ante lo que no entiende la acción del ministerio público.
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