Una vez más

Hay un tema que parece recurrente cada vez que se acercan unas elecciones: la legalización de las viviendas en la zona rural. Y esta vez, como no podía ser de otra forma, vuelve a aparecer. Sin tiempo ninguno para dar una solución real, pero intentando ocultar lo que suele ocurrir cada cuatro años. Promesas que después no se cumplen y que vuelven a aparecer en periodo pre-electoral. Llega tarde y mal. La Junta saca un decreto, mil veces anunciado, por el que dice que va a ¿legalizar? 250.000 viviendas en Andalucía a escasos dos meses de las elecciones autonómicas. ¿Soluciona el decreto la situación de las viviendas que se encuentran en cañadas? Me temo que no. El decreto deja ver, el justo y necesario acceso a los servicios pero ¿soluciona las inversiones necesarias para dotar de infraestructuras a los núcleos de viviendas o viviendas aisladas? Me temo que no. El decreto lo que viene a establecer es posibilidades de acceder a esos servicios desde el punto de vista legal pero no del material. Y en Jerez que ¿pasará?. Pues mire usted, gracias a este decreto, poca cosa, porque lo que no dice la Junta de forma clara en sus manifestaciones públicas es que con este decreto no se podrán “legalizar” las viviendas que están en cañadas ni las que están asentadas en zonas inundables, ni de las que tienen su origen en parcelaciones urbanísticas ilegales. En el término municipal de Jerez hay casi 1.500 viviendas en situación ilegal y de la mera aplicación del decreto sólo podrán verse beneficiadas, que no legalizadas poco más de 200. Es más, sólo 33 de todas ellas, podrían obtener la denominación de “asimilados fuera de ordenación”. Esa es la realidad del decreto de la Junta en Jerez. Un porcentaje mínimo de todo el problema. Sería mucho más importante para las viviendas aún sin legalizar en Jerez que la Junta de Andalucía se implicase en la desafectación de las cañadas y en la gestión de los trazados alternativos, que agilizase las gestiones administrativas de los planes especiales, que delimitase de forma clara las zonas inundables y actuase sobre ellas, que derogara de una vez por todas el POTA y acometiese una reforma profunda de la LOUA para permitir la consideración de unidades de ejecución aisladas fuera del casco urbano. Esa sí serían medidas realmente beneficiosas para el pueblo de Jerez. Mientras tanto y una vez más, el decreto de la Junta es un brindis al sol para Jerez y los jerezanos.

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