Preguntado al término de la presentación del Ecobarómetro Andalucía 2011, Díaz Trillo señaló que esta resolución “confirma que la Junta en el fondo tiene razón y que quien contamina paga”.
Para el titular de Medio Ambiente, la sentencia “deja meridianamente claro quiénes tienen la responsabilidad de aquel vertido”, por lo que confía en que “también a través de la acción judicial puedan acabar pagando aquello que deben”.
Según el consejero, otras sentencias habían recogido hasta ahora “un problema de formas”, es decir, “el camino por el que tenía que ir la Junta para reclamar lo que entendemos que es de los andaluces: una inversión de casi 90 millones de euros para evitar lo que podía haber sido una catástrofe”.
Sin embargo, en este caso -afirmó el consejero- se trata de una “sentencia de fondo”, en la que el Tribunal Supremo da la razón al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el sentido de que la multinacional Boliden Apirsa es la responsable del vertido de lodos tóxicos que se produjo en abril de 1998, en un contencioso que partió de dos empresas cuyas fincas estaban ubicadas en las zonas afectadas por el desastre.
“Las sentencias que salieron hace poco eran recursos que tenían que ver con la vía jurídica que tomaba la Junta”, explicó el titular de Medio Ambiente, que añadió que el Gobierno regional confía en que “más allá del camino que tomemos finalmente se cumpla aquello que es lógico y está cargado de sentido común: que quien contamina paga”.
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