Así lo afirmó a los periodistas el abogado de los padres, Antonio López, quien subrayó que J. R. M. y P. R. V. han aceptado los cargos que se les imputaban y que el hecho de que la niña ya se encuentre escolarizada ha propiciado el acuerdo con el Ministerio Fiscal, que solicitaba tres años de prisión para los acusados.
En sus conclusiones provisionales, el fiscal consideraba que la menor cursaba estudios de educación primaria en un colegio en el que sus profesores detectaron ciertas dificultades de retraso madurativo que supusieron que se adoptara con respecto a ella la modalidad de escolarización B, que requiere refuerzo educativo y asistencia a un aula de educación especial.
A pesar de estar en conocimiento de las necesidades educativas de su hija, que estaba en edad de escolarización obligatoria, los padres se desentendieron de esta labor, y desde el curso 2003-2004 hasta el 2005-2006 el colegio registró 289 faltas de asistencia, de las que tan sólo 35 fueron justificadas.
Ante la actitud de los padres, que incluso acusaban al personal del centro de descuidar la educación de su hija, se llevaron a cabo varias medidas, tales como entrevistas a la menor y los padres o visitas domiciliarias, que resultaron infructuosas y que devinieron en la intervención de la policía autonómica el 22 de mayo de 2006.
De esta manera, los padres han aceptado la pena de un año de prisión, si bien el juez ha advertido que la sentencia queda en suspenso durante dos años hasta comprobar que la situación de abandono "no se repite".
Además, el abogado subrayó que los padres "estaban despistados al no saber qué hacer con su hija enferma" y destacó que el otro hijo de la pareja "nunca ha tenido problemas con su escolarización".
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