El primer edil ha recordado que “esa adjudicación ilegal la realizó en 2002 el Equipo de Gobierno que entonces presidía Fernando Palma y que estaba compuesto por concejales del PP y de USR. Esta sentencia confirma las que ha venido emitiendo la Justicia desde el año 2004. El Ayuntamiento, con esa pinza que han formado estos dos grupos (su suma de votos en los distintos plenos de la Corporación en las que se ha planteado este asunto), ha ido tratando de recurrir todas las sentencias que emitían tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como el Tribunal Supremo”.
“Lo que desde este Equipo de Gobierno vamos a intentar -recalcó- es que de una vez por todas respetemos la legalidad, y podamos afrontar el cumplimiento de la sentencia. Sabemos que va a ser una tarea difícil y compleja, así que vamos esperar a que se emitan los informes pertinentes para establecer la hoja de ruta que vamos a seguir para darle cumplimiento”.
“Pero -subrayó-, por parte del alcalde está hoja de ruta tendrá una cosa clara: que no perjudique los intereses de los sanroqueños, que no suponga ningún coste para las arcas del Ayuntamiento y que los sanroqueños no tengan que afrontar el pago de ninguna indemnización por una cuestión irregular que se hizo en el gobierno de 2002 que presidía el señor Palma”, concluyó.
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