Pero, ¿qué hay detrás de este entramado urbanístico? ¿Cuál es el motivo de que fuera utilizado como arma arrojadiza electoral y ahora esté escociendo en la propia pugna política en el seno del Ayuntamiento?
La historia se remonta a un proceso de expropiación municipal, por el que el Ayuntamiento de Los Barrios obtiene la finca de la familia Los Abazolos, a la que, por un bien común, le pagaron 600.000 euros. El objetivo era la urbanización de la finca para la construcción de un polígono industrial. La finca se divide en tres parcelas: la 515, la 1.634 y la 16.335.
La empresa municipal GAMA, propietaria de esta y de otra finca perteneciente a la citada familia, empieza a vender parcelas con el citado fin. El procedimiento seguido es la firma de contratos con opción de compra, estableciéndose señales que oscilarían entre los 30.000 y los 70.000 euros., para luego abonar el resto de la cantidad cuando la parcela estuviera ya urbanizada.
En este proceso de compra participaron en los últimos años alrededor de cuarenta empresas, que fueron haciendo efectiva su opción de compra. Entre estas empresas se encuentran distintos perfiles, como entidades financieras, empresas especializadas como Avantig Gestión (con una opción de compra de alrededor de 100.000 euros) o Iglesias Peral, gestionada por un conocido empresario vinculado al mundo taurino, que serían quien acabaría protagonizando el fin de la trama.
Este empresario, que estaba muy relacionado con el entorno municipal y con los responsables de la empresa GAMA, sería requerido por el propio Ayuntamiento para que fuera adelantando más cuantías de la inicial.
De esta forma, el Consistorio barreño utilizó durante años a la propia empresa municipal GAMA para obtener fondos que iban cubriendo sus necesidades, entre las que, en aquellas fechas, ya estaba la asfixiante presión del pago de las nóminas municipales.
Finalmente, entre las cantidades que Iglesias Peral iría adelantando al Consistorio, este acaba dando 1.100.000 euros. Sin embargo, llegado el momento, el empresario se encontraría con que había abonado todas estas cuantías, y que lo único de lo que disponía era de una parcela sin desarrollar.
Denuncia
La situación se complicaría para el Ayuntamiento cuando Iglesias Peral, a tenor de la situación que venía padeciendo, decida denunciar al Consistorio por incumplimiento de contrato, y anota en el Registro de la Propiedad una prevención de embargo con medidas cautelares.
Al final, se establece un porcentaje sobre las tres parcelas que componen la finca La Gertrudis, y la acaban tasando en 1.200.000 euros, una tasación que situaba el valor total bastante cerca de la cuantía reclamada por Iglesias Peral, que a los 1.100.000 euros le sumaba una cantidad de varios cientos de miles de euros en concepto de intereses.
El desenlace se produce esta semana, cuando tiene lugar la subasta, y en la misma no se produce ninguna puja. Por ello, se decide hacer una valoración del 70% sobre las parcelas, adjudicándose a Iglesias Peral, la sociedad que denunció la deuda.
En este proceso se produce un intento de paralización de la concesión por parte de la familia de los Abazolos, ya que en todo proceso de expropiación se considera el derecho a la reversión. El juez, no obstante, lo denegó, al entender que la finca ha cambiado de propietario, pero que aún no se ha alterado su fin: la construcción de un polígono industrial.
Deuda
La situación plantea también otro aspecto digno de consideración. La empresa GAMA, recientemente disuelta como sociedad municipal, cuenta con una deuda de más de 50 millones de euros. A falta aún de una auditoría, el siguiente paso será la presentación de un concurso de acreedores.
Así las cosas, una vez cerrada la adjudicación de La Gertrudis, el Ayuntamiento vería desaparecer de un plumazo dicha deuda. Además, los alrededor de cuarenta empresarios que participaron con su capital en el proyecto de urbanización de La Gertrudis, perderían también su dinero y sus opciones de reclamarlo.
Su última posibilidad sería ir judicialmente contra GAMA que, cuando se formalice el concurso de acreedores, se encontrarían con nada. En segunda instancia, la responsabilidad subsidiaria pasaría al Ayuntamiento, único accionista de la empresa, aunque en un procedimiento muy costoso y que se alargaría demasiado en el tiempo.
Así las cosas, y con el encendido enfrentamiento entre grupos políticos, la realidad presenta a un número importante de empresarios como los verdaderos damnificados de todo el proceso.
Resucitan las rencillas
Los grupos municipales del PA y del PSOE se han cruzado esta semana mutuas acusaciones como consecuencia de la subasta de la finca La Gertrudis, haciendo resucitar el enconado enfrentamiento de los dos grupos políticos en el municipio barreño.
Así, tras conocerse la noticia, el PSOE señaló directamente al alcalde andalucista, Jorge Romero, por “no haber hecho lo suficiente para evitar la pérdida de La Gertrudis”, entendiendo que “el PA ha consumado otro de sus objetivos: cargarse el proyecto del Parque Tecnológico Medioambiental previsto en los terrenos”, anunciando incluso que llevarán el caso a los tribunales. Romero, por su parte, lamentó la pérdida de la finca como “un ejemplo más de la dejadez y la mala gestión de los socialistas”, anunciando también medidas judiciales al respecto. Para el alcalde, la pérdida de la finca es consecuencia de “una nueva gestión especuladora de los responsables políticos del PSOE, que vendieron aire a varios inversores sin proyecto alguno”.
Los socialistas contraatacaron pidiendo a Romero explicaciones de sus contactos con “más que sospechosos empresarios”, mientras que Romero adujo que el problema deriva de las “tropelías” cometidas por el PSOE en GAMA.
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