Según fuentes del caso, el proceso que podría acabar con el despido de ambos comienza con el trámite de audiencia previo de Ponce y Pereira, a quienes se les ha comunicado la decisión adoptada con un plazo de 72 horas, igual que al comité de empresa de Mercasevilla, empresa participada mayoritariamente por el Ayuntamiento.
Los dos exdirectivos están relacionados con el intento de cobro de comisiones ilegales a los empresarios de La Raza a cambio de la gestión de la escuela de hostelería que iba a crearse, según recoge el auto de apertura de juicio oral.
La dirección de la empresa afirma que su decisión se basa en la doctrina judicial que permite despedir cuando existe una imputación judicial contra un empleado por "conductas relacionadas con la empresa o que dañan gravemente" a su imagen, "todo ello antes de que exista condena firme".
El TSJA ha reiterado que el posible despido "no afecta a la presunción de inocencia, porque en el proceso laboral no se va a enjuiciar la conducta penal, sino sólo un incumplimiento contractual laboral", subraya Mercasevilla.
La empresa añade que en el caso de que se les absolviera penalmente, ambos pueden pedir "la revisión de la sentencia desfavorable del pleito laboral".
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