“Intenté pasar al río y los porteros me dijeron que sólo podían acceder los socios”, explicó a este periódico un vecino de Sevilla que denunció el hecho ante la Policía Local. Dos agentes pudieron acceder acompañados del “director del establecimiento”, según indican en el informe policial fechado en enero de 2010, en el que también especifican que en una visita a las 7:35 de la mañana el acceso se encontraba “cerrado al público, por vallas y puertas acristaladas con candados”. Según ha podido comprobar también este periódico, el acceso a la ribera no siempre está abierto. “El problema es sobre todo en verano, al abrir la terraza del restaurante. Es cuando más restringe la entrada”, según explicó el denunciante, que prefiere preservar su identidad.
Licencia comprometedora
A pesar de no permitir siempre el acceso a los ciudadanos a esta zona pública, la garantía para hacerlo fue fundamental para que el Grupo Abades consiguiera en 2003 la licencia de obras. Según un informe de la Gerencia de Urbanismo de 2005, al que ha tenido acceso Viva Sevilla, en 2001 Urbanismo denegó la licencia porque el proyecto “superaba ampliamente la edificabilidad existente”. Fue en 2003, “con un proyecto casi idéntico”, cuando el Ayuntamiento (PSOE-PA) dio vía libre a la construcción del restaurante de lujo. En esta ocasión no hubo informe de la Sección Técnica de Licencias Urbanísticas. “Sorprende la falta de pronunciamiento de este Servicio”, recoge el informe, firmado por el director de área de Observatorio y Control de Procesos, José García Cebrián.
Lo que sí tuvo este segundo proyecto fue el beneplácito “personal” del director técnico de Urbanismo, Juan García Gil, que resaltaba que el proyecto presentado por el promotor era “coherente” al objeto de garantizar “sus accesos, uso y disfrute público”. Según indica el informe, García Gil defendía que “en conversaciones con el promotor de las obras, es intención garantizar el acceso público desde la calle Betis al borde del río, por lo que se ve viable urbanísticamente”. La licencia por fin se otorga, aunque con las “limitaciones establecidas el artículo 136 de la Ley de Suelo”, quehace referencia exclusivamente a “obras provisionales”. Para desbloquear estas limitaciones, el 6 de mayo de 2003 el representante de Gestión y Explotación de Restaurante S. L., titular de los terrenos, compareció ante el secretario de la Gerencia y aceptó “el carácter provisional de la licencia” comprometiéndose a “demoler lo ya construido” si existiera requerimiento municipal.
Abades Triana rehusó hacer cualquier declaración al respecto a este periódico, que se interesó por su versión.
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