Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana acaparan el 41,8% de los 201,3 millones aprobados por el Gobierno para la puesta en marcha del Plan de empleo diseñado para recolocar a los parados, principalmente a los procedentes del sector de la construcción como consecuencia de la desaceleración económica, y que está previsto que empiece a andar en septiembre.
Andalucía es la comunidad que se sitúa en cabeza en cuanto a dotación, con 47,8 millones de euros, seguida de Cataluña, con 20,2 millones y la Comunidad Valenciana, con 16,4 millones. Del lado contrario se sitúan La Rioja, con 806.444 euros, Cantabria, con 1,7 millones y Navarra, con 1,9 millones.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que ha presidido hoy la XXXVIII Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, ha subrayado hoy que el plan, ideado por su antecesor en el cargo, Jesús Caldera, tiene "vocación de permanencia" mientras la coyuntura no cambie de signo "radicalmente" por lo que no prevé, a tenor de la actual situación económica, que desaparezca dentro de un año, como estaba previsto.
En relación a este programa, que se incluye entre las medidas del Gobierno para recolocar a parados de los sectores más afectados por la crisis y que fue aprobado por el Consejo de Ministros a mediados de abril, aunque el actual equipo de Trabajo decidió estudiarlo de nuevo antes de aplicarlo, el ministro ha subrayado que el objetivo que persigue es identificar nuevos sectores emergentes para "vehicular" hasta ellos a aquellas personas que han perdido su empleo.
Así, ha explicado que el Ministerio "ha huído" de "determinar de forma rígida la función y la contratación de los orientadores", ya que, aunque hubiera sido "la decisión más rápida, hubiera sido un error".
1.500 orientadores
En total habrá 1.500 orientadores, para quienes se destinarán 53,6 millones de euros (17,5 millones en 2008 y 35 millones en 2009). De ellos, 413 corresponden a Andalucía; 150 a Cataluña; 120 a la Comunidad Valenciana y 116 a Castilla y León. Para la cualificación específica del personal de las oficinas de empleo -que suman 701- la búsqueda de empleo, movilidad geográfica, promoción de empleo autónomo y formación profesional se destinarán 49,6 millones este año y 99,2 millones en 2009.
Llegado a este punto, ha hecho hincapié en la función de las políticas de empleo de comunidades autónomas, que son las que mejor pueden "dar soporte a los servicios de empleo para atender a la singularidad y especificidad de los territorios". El Estado, por su parte, establecerá las medidas necesarias "para ponerlas a favor de cada territorio" y medirá la eficacia de las políticas autonómicas.
Además, ha reseñado que "la flexibilidad y la adaptabilidad" han de marcar este programa, ya que "vivimos en una sociedad en constante cambio". A este respecto, Corbacho ha asegurado que no va a ser "un ministro muy reformista", ya que "en este país hay inflación de legislación". "No me apuntaré a la moda de medir la gestión a través de las leyes que se promueven", ha concluído.
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