La sentencia del juzgado penal 5 explica que los hechos ocurrieron sobre las 05:30 horas del 28 de noviembre de 2010 junto a la discoteca EM en la zona de Tablada, cuando el acusado Javier G.A. conducía su coche Mini Morris pese a la "lógica merma de reflejos y aptitudes como consecuencia de la ingesta continuada de alcohol durante la noche y la madrugada".
El joven empezó a hacer maniobras bruscas consistente en acelerones y frenadas "con la clara intención de exhibirse y llamar la atención de los que allí se encontraban" pero en una de esas maniobras no controló el coche y acometió a Silvia Reyes Luque, que salió despedida y sufrió lesiones mortales por destrucción de centros vitales cerebrales.
Otras dos chicas también fueron alcanzadas pero ya han sido indemnizadas por la aseguradora del vehículo.
La sentencia condena al acusado a cinco años de prisión por un delito contra la seguridad del tráfico y otros dos años por huir del lugar, penas alejadas de los 9 años de cárcel que pidió la Fiscalía y los 24 de la acusación particular.
Recoge la juez que el acusado hizo, antes del atropello, otras dos maniobras similares en las que frenaba su coche a "escasos centímetros de los viandantes, después de haberles sometido a un episodio de angustia y estrés", con lo que quería "demostrar su pretendida habilitad al volante y disfrutar causando ataques de pánico".
La sentencia no considera demostrado un delito de homicidio doloso, como imputó la familia de la fallecida, porque el acusado "no se representó en sus justos términos el riesgo real de su acción", tanto por su continuada ingesta de alcohol, como por la creencia de que, al haber culminado "con éxito" dos maniobras anteriores, creía ser capaz de "repetir su macabro juego".
Tras el atropello, el conductor "aceleró el vehículo y huyó del lugar", aunque un coche patrulla de la Policía Nacional le persiguió hasta detenerlo en la Ronda del Tamarguillo, tras lo cual arrojó una alcoholemia de 0,73 miligramos por litro de aire espirado.
La condena por este delito de omisión del deber de socorro es establecida en su franja intermedia porque Javier G.A. "no tuvo certeza del daño que acababa de causar" y porque las víctimas "no estaban en situación de total desamparo, habida cuenta de lo concurrido del lugar".
En cuanto a las indemnizaciones, la sentencia acuerda que los padres de la víctima perciban 96.869 euros, según el baremo para accidentes de tráfico, y rechaza otorgar dicha cantidad a cada uno de los cónyuges, así como indemnizar aparte el trastorno emocional sufrido por la madre de la fallecida.
Javier es condenado además a una multa de 24 meses con cuota diaria de seis euros, lo que equivale a 4.320 euros, y a diez años de privación del carné de conducir.
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