Según ha explicado a Europa Press uno de los portavoces de la recién creada 'Plataforma sevillana por la Escuela Pública, Laica y de Calidad', Leopoldo Acal, a ella también se ha unido el partido político de Izquierda Unida. La presentación pública de la misma tendrá lugar el próximo jueves 29 de septiembre, a partir de las 19 horas, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.
En este acto intervendrán la profesora y parlamentaria en Andalucía hasta el 2008 Concha Caballero, el profesor de Sociología de la Educación y director de la revista 'Cuadernos de Pedagogía', Jaume Carbonell; el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, y el catedrático de Filología y escritor Rafael de Cózar. Tras sus exposiciones, se abrirá un debate con el público asistente.
Los creadores de la plataforma defienden que la educación es uno de los pilares fundamentales de la democracia y que, por ende, una sociedad democrática es aquella en la que los individuos, al poder desarrollar su autonomía de pensamiento y su capacidad crítica en libertad, "son difícilmente manipulables y no quedan a merced de las élites que controlan los medios de comunicación".
Así lo expresan en su declaración de principios, a la que tuvo acceso Europa Press, donde insisten en que la educación es el único medio para que los individuos puedan desarrollar sus capacidades y ejercer plenamente esa libertad y donde apuesta por la "necesaria separación entre el Estado y las organizaciones religiosas" para "promover y soportar la convivencia en comunidades como las actuales, de gran diversidad de culturas y de credos".
En esta línea, defienden la necesidad de que "la escuela garantice que los futuros ciudadanos puedan aprender, entender, valorar, practicar y defender los valores democráticos en igualdad de condiciones, como sujetos de derechos y deberes". Es decir, de que la escuela pública garantice una educación laica "libre de adoctrinamientos y de encasillamientos o manipulaciones ideológicas" y, para conseguirlo, abogan por que la enseñanza confesional de la religión "desaparezca definitivamente del ámbito escolar". "Las creencias y prácticas religiosas no son una asignatura, pertenecen a la esfera de las creencias personales, por lo que no forman parte de las competencias básicas escolares ni del currículo de la enseñanza obligatoria", destacan.
Por ello tachan de "inadmisible" que muchos centros educativos "públicos y concertados mantengan crucifijos u otros símbolos religiosos a pesar de haberse ya pronunciado en contra los tribunales internacionales". "Reclamamos que el Estado no financie como concertados a los centros privados religiosos que fomentan una visión de la realidad contraria a los avances del conocimiento científico o, a nivel ideológico y político, a las leyes aprobadas por el parlamento democrático". Tampoco, apostillan, "a los que aplican idearios o proyectos educativos u organizativos que contradicen los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como los derechos civiles garantizados por las leyes españolas".
En esta misma línea, consideran que las últimas leyes educativas (LOE, LEA) y las medidas propuestas por el Ministerio de Educación para el fallido pacto de Estado "reinciden en esta identificación inaceptable". "Como un paso imprescindible, previo a la erradicación de la enseñanza confesional, exigimos la supresión inmediata en el próximo curso de la llamada 'Debida atención educativa' (DAE) que con la aquiescencia y protección del propio estado privilegia la elección de la asignatura de religión al obligar a que los niños y adolescentes permanezcan en el centro educativo sin poder desarrollar actividades provechosas si no dan religión", reclaman.
Por último, para una atención especial al fracaso escolar, los miembros de la nueva plataforma piden "que la formación del profesorado así como la modernización y actualización de contenidos, métodos y formas de evaluación, basada en la innovación, la reflexión y la investigación contrastada y rigurosa por parte de ese profesorado, cuente con el apoyo y la adecuada cobertura de medios por parte de la administración". "La escuela pública debe garantizar una formación integral y básica y un aprendizaje relevante, duradero y de calidad para todos", concluyen.
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