Ibarretxe, López y Ares son juzgados por las reuniones que mantuvieron con dirigentes de Batasuna en 2006, durante el último alto el fuego de ETA, ya que las acusaciones populares –Foro Ermua y Dignidad y Justicia– les consideran cooperadores necesarios para la comisión de un delito de desobediencia por los dirigentes de Batasuna, ante la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó la formación abertzale radical.
Por esos encuentros, las acusaciones particulares piden una pena de dos años para Ibarretxe, que Foro Ermua incrementa en otros nueve meses, y de un año para López y Ares. Para Arnaldo Otegi solicitan tres y cuatro años (en el segundo caso, el Foro Ermua); para Rufi Etxeberria y Juan José Petrikorena piden dos años y para Olatz Dañobeitia y Pernando Barrena un año. En cambio, el Ministerio Fiscal y las defensas reclaman la libre absolución por considerar que con las reuniones no se cometió delito alguno, por no haber una orden expresa que las prohibiera.
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