En su escrito de calificación, el ministerio público solicita penas de entre 50 y más de 200 años para otros diez colaboradores del doctor Morín, entre psiquiatras, anestesistas y ginecólogos que supuestamente practicaron o permitieron los abortos.
A los doce imputados en la investigación abierta en el año 2006 en las clínicas del doctor Morín –destapada a raíz de un reportaje de la televisión danesa–, la Fiscalía les acusa de los delitos de aborto ilegal, intrusismo, falsedad documental y asociación ilícita.
Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, Morín y su esposa crearon una “estructura estable y permanente” a través de varias clínicas que gestionaban en Barcelona, dedicada de forma casi exclusiva a realizar interrupciones voluntarias del embarazo “sin sujeción a ningún requisito legal ni ningún plazo temporal”.
Las actividades de las clínicas Ginemedex, T.C.B y Emecé, según el ministerio público, alcanzaron “una gran difusión” no sólo en Barcelona, sino en el resto de España y en Europa, “de donde frecuentemente provenían mujeres embarazadas que en sus países no podían interrumpir sus embarazados por falta de requisitos legales”.
Las clínicas del doctor Morín, de las que es socia su esposa, la enfermera María Luisa D., realizaban abortos a embarazadas que superaban las 22 semanas de gestación, tras lo que se alteraban las ecografías haciendo constar en las mismas una edad inferior del feto.
Según el escrito de Fiscalía, entre los 101 abortos ilegales que se imputan a Morín y su esposa constan algunos casos de gestaciones muy avanzadas, como una paciente embarazada de 33 semanas a la que se detectaron anomalías en el feto, así como otras que se encontraban en la semana 29, 28 o 27.
Las clínicas de Carlos Morín efectuaban los abortos acogiéndose al primer supuesto legal de que el embarazo implicara un riesgo grave para la salud física y psíquica de la gestante, sin que las pacientes fueran visitadas por un psiquiatra, de manera que era personal del propio centro el que rellenaba de forma mendaz los tests.
En otros casos, los abortos se efectuaban acogiéndose al supuesto legal de que el feto nacería con graves taras, pero, añade la fiscal, a los expedientes no se incorporaba ningún dictamen médico que acreditara esa malformación.
En opinión de la acusación pública, Morín impartía instrucciones a sus empleados para que realizaran los abortos y falsearan las historias clínicas, mientras que su esposa, María Luisa D., era la encargada de hacerlo en la clínica TCB, de la que era directora.
En las entradas y registros practicadas en las clínicas de Morín, se intervinieron un total de 2.780 expedientes de abortos.
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