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España

La reforma de un jardín en Constantina llega hasta Europa

Tensión entre el Ayuntamiento y los vecinos a cuenta de la destrucción de un jardín

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  • Las obras -
Constantina se encuentra dividida estos días por las obras acometidas en un jardín del casco histórico, financiadas con fondos de la Unión Europea. Mientras el alcalde, Mario Martínez (PSOE), defiende la legalidad del proyecto, algunos vecinos han creado una plataforma para intentar frenar estas obras, llegando incluso al Parlamento Europeo de la mano del europarlamentario de Willy Meyer (IU).

El proyecto para reformar el Jardín de Santa Ana cuenta, según el alcalde, con la aprobación del pleno, de la Junta de Gobierno y de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, que respaldó el proyecto con unanimidad de sus miembros.

Esta reforma cuenta con 200.000 euros de fondos Feder para su ejecución. Según el alcalde, se trata de reformar un espacio que era un “nido de ratas y de jeringuillas de toxicómanos” muy poco frecuentado por los vecinos, para transformarlo en un “espacio de convivencia, algo más habitable donde los ciudadanos puedan disfrutar”.
Las obras contemplan la sustitución del suelo de tierra por un pavimento de granito y la desaparición de los setos centrales que serán sustituidos por césped, además de rehabilitar el suelo de una ermita cercana.
Desde el ayuntamiento aseguran que se han respetado los árboles y que los setos laterales serán replantados, por lo que no hay motivos para esta oposición que califican de “cabezonada”.

Los vecinos indignados con este proyecto se han constituido en una plataforma que pretende que se paralicen las obras y que el jardín sea restaurado a su estado anterior.

La plataforma Amigos del Jardín de Santa Ana se constituyó a finales de junio cuando comenzaron las obras. María del Robledo, una de sus integrantes, asegura que “se está destruyendo un sitio emblemático que data de 1916 para convertirlo en una plaza” y que “era la única zona verde en el casco histórico”.

La plataforma ha presentado sus quejas al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. El alcalde asegura haber hablado con Chamizo, el cual le ha confirmado que no hay ningún problema puesto que todo el proyecto es legal. “Que sea legal no quiere decir que sea justo y sensato”, afirma María del Robledo.

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