Con la toma en consideración de la iniciativa, que fue respaldada por unanimidad de los grupos –PSOE, PP e IU–, comienza el trámite de una polémica propuesta que una vez que sea aprobada definitivamente por el Parlamento andaluz en diciembre, deberá ser refrendada por la mayoría absoluta del Congreso. Mediante esta iniciativa, que ahora pasará a ser debatida en comisión, se pretende utilizar el artículo 150.2 de la Constitución para que se produzca la delegación de competencias sobre el Guadalquivir.
La proposición de ley Orgánica plantea habilitar instrumentos de coordinación entre las administraciones central y autonómica para evitar la fragmentación o compartimentación de la gestión, mientras se atribuye al Estado velar por el respeto de las competencias de las comunidades que, aunque de forma minoritaria, tienen terrenos incluidos en la cuenca hidrográfica.
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, anunció ayer que su partido presentaría “multitud de enmiendas” a la proposición de ley sobre el Guadalquivir. Reiteró que el Guadalquivir es “un río andaluz y, en consecuencia, la Junta de Andalucía tiene que tener un papel central en su gestión”, pero recordó que como andaluz “también es un río español”.
Para el popular, lo importante es “la gestión” y en los últimos años ésta ha sido “un desastre” porque se ha dejado de invertir el 50% de lo presupuestado en política de aguas, por lo que confió en la necesidad de mejorar la gestión de estas políticas en el futuro.
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