En declaraciones a los periodistas antes de su intervención en comisión parlamentaria, Montero expresó sus condolencias a la familia de la paciente, que murió ayer en el hospital Blanca Paloma de Huelva y a la que el pasado 23 de agosto se le retiró la sonda nasogástrica en aplicación de la ley de muerte digna de Andalucía tras la solicitud de sus familiares.
Montero recordó que la mujer “era una persona de 91 años que había expresado a sus familiares su deseo de no prolongar de forma artificial su vida” y ha destacado que “ellos tenían conciencia de haber interpretado correctamente sus instrucciones”.
Para la consejera, “lo bueno que tiene esta legislación es que se respeta la voluntad cuando la persona quiere que se pongan en marcha medidas y cuando no”.
“En definitiva, es el ciudadano el que elige y no la administración la que en función de sus creencias pone en marcha mecanismos con los que el paciente pudiera no estar de acuerdo”, subrayó la responsable de Salud.
Montero indicó que este caso ha dado lugar a que se haya producido un debate sobre “cómo la aplicación de la ley de muerte digna en Andalucía permite el cumplimiento de la voluntad de los pacientes” e indicó que la mayoría de los casos no saltan a la opinión pública “y se está aplicando igualmente la ley”.
Para la consejera el debate sobre los casos “en los que algún familiar se encuentra resistencia en un centro permite que tomemos conciencia de lo importante que es tener reflexionar para que llegada una circunstancia en la que uno no puede expresar en primera persona qué es lo que quiere, se facilite esa tarea a los familiares y al equipo asistencial.
Montero resaltó que la Consejería, tal y como contempla la ley, está realizando un estudio sobre “cómo mueren los andaluces”, con la intención de saber “de qué manera, con qué preferencias y en qué contexto se producen los fallecimientos”.
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