En declaraciones a Europa Press, López ha respondido así a la denuncia de Ecologistas en Acción aclarando que no se ha cometido ninguna ilegalidad al no responderles personalmente a las alegaciones.
Según ha explicado, el procedimiento para la tramitación de las Autorizaciones Ambientales Unificadas descrito en la ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental y en el Decreto que 356/2010 que regula la autorización ambiental unificada, no se contempla la contestación de alegaciones a las personas o entidades que las realizaron.
Sin embargo, según añade, estas alegaciones "sí han sido tenidas en cuenta" para la redacción de la correspondiente resolución de autorización.
López ha asegurado que Ecologistas en Acción "conoce esta circunstancia", ya que el pasado día 6 la delegada envió una carta en la que se les explicaba por qué no se les respondería a las alegaciones.
Asimismo, ha indicado a los conservacionistas que podrán volver a realizar alegaciones cuando se modifique el planeamiento barbateño, y apunta que en esa tramitación "sí es obligada la respuesta a las alegaciones", algo que en el caso de cuestiones de carácter puntual hará la Delegación provincial a través del municipio, ya que el Ayuntamiento recibe las alegaciones y es quien envía las respuesta.
Por otro lado, la delegada ha querido precisar que el número de viviendas no es de 1.690 como asegura Ecologistas en Acción, "sino de 450 viviendas y de 956 apartamentos turísticos", y que tampoco es exacta la afección al Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, "puesto que sólo afecta a un camino asfaltado en el interior del espacio protegido, que además sólo podrán reparar pero nunca ensanchar".
Igualmente, sobre la supuesta eliminación de 230 hectáreas de superficie forestal, ha matizado que la arboleda seguirá existiendo, "aunque dentro del campo de golf".
Asimismo, la delegada ha recordado que los condicionamientos ambientales obligan, por ejemplo, a que el riego del campo y de sus zonas verdes se lleve a cabo con aguas procedentes de la depuradora de Vejer de la Frontera, así como con recursos almacenados en lagos y pozos propios.
Además, ha insistido en que la autorización impone "un buen número de medidas protectoras y correctoras para evitar o paliar afecciones".
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