Y añade el PIVG: “Hace tres meses, supuso a los ciudadanos de San Roque por un mal acuerdo que ha tenido sus consecuencias en las urnas, la imposición de unas tarifas de recogida de basuras por encima del coste real del servicio correspondiente a la plantilla y maquinaria cedida en el traspaso de competencias a la Mancomunidad. En el caso del comercio la diferencia de la tasa es tan abismal, que a muchos les ha supuesto subidas entre el trescientos y el quinientos por cien que no están dispuestos a pagar. Esperamos que sea una prioridad inmediata de solución por parte del nuevo presidente”.
Desde el PIVG, “abogamos y trataremos de convencer al equipo de gobierno que si no se rebajan estas tarifas debemos recuperar las competencias de agua y basura de nuevo para el Ayuntamiento de San Roque”.
“Por las declaraciones del nuevo presidente, no vemos un plan que de verdad que cambie el estatus político tan necesario o más que el de la Diputación, hoy por hoy la Mancomunidad es un clon de los ayuntamientos en su organización política y de funcionarios, pero vacío de competencias reales ya que las mantienen todos los ayuntamientos, es preocupante que por sus declaraciones hasta mantendrá el personal de confianza de los grupos políticos incluida la oposición, justificando lo injustificable, que se trata de un personal para ayudar a los partidos en su labor de control, cuando el 85 del presupuesto que gestiona esta Institución, pertenece a la empresa ARCGISA que precisamente tiene los principales servicios mancomunados”, añade el PIVG a través de su portavoz Jesús Mayoral.
“Estos servicios son los que sufragan el coste político de esta Institución y ese es uno de los motivos por el que las tasas de los mismos son tan elevadas”.
“La estructura política y de empleados de la Mancomunidad debería cambiar radicalmente. Adelgazando su estructura política y que ningún puesto político incluido los cargos de confianza, (sueldo para los gregarios de los partidos), fuese remunerado ya es suficiente con el de los ayuntamientos que también está sobredimensionado”, señala Mayoral.
“En cuanto personal propio, no debería tener, eliminando un nicho más de enchufismo, debería ser personal cedido en comisión de servicios por los Ayuntamientos sobretodo cuando los servicios mancomunados principales, se realizan a través de una empresa pública como es ARCGISA, que también sobran cargos políticos remunerados, de esta forma las tasas de los servicios gestionados de forma mancomunada serían mucho más bajas. Desde el PIVG, no somos nada sospechosos en promulgar este argumentario, porque le practicamos”.
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