La deuda de la comunidad andaluza con el Estado es “menor”, ha afirmado en rueda de prensa Jiménez, que no ha precisado la cuantía del dinero que Andalucía debería devolver. Según los datos presentados por el secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, Andalucía es la comunidad que más tendrá que devolver, casi el doble que la segunda, Cataluña.
El portavoz parlamentario socialista, por su parte, ha asegurado que los cálculos que se hacen desde Andalucía difieren de los del Estado por las partidas dedicadas a la Ley de Dependencia y porque no se incluye la deducción de los 400 euros en el Fondo de Suficiencia, lo que está recurrido en los tribunales, ha recordado.
Por ello, Jiménez ha expresado su confianza en que el Gobierno español actúe con “sensibilidad” hacia Andalucía en la reunión prevista para del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Así, ha señalado que en ese Consejo se debería reconocer el esfuerzo en “austeridad” hecho desde Andalucía en la reducción de gastos, lo que se ha culminado sin afectar a las políticas sociales y educativas, ha enfatizado.
Jiménez ha contrapuesto la política económica de Andalucía con la de otras comunidades como Cataluña o Valencia, que según dijo no han sido austeras y además están aplicando recortes en el Estado de Bienestar con el cierre de centros de salud, como ha ocurrido esta semana en la comunidad catalana.
Andalucía acudió al Consejo de con una actitud “responsable, seria, honesta y coherente” para dar estabilidad a las cuentas públicas del país, ha señalado el portavoz parlamentario antes de agregar que la comunidad andaluza apoya una regla de gastos para las comunidades pero siempre que no ponga en riesgo su autonomía.
En cualquier caso, y sea cual sea la decisión que el Consejo adopte con Andalucía, Jiménez ha descartado que la Junta vaya a hacer recortes económicos que afecten a servicios públicos como la sanidad y la educación, y ha asegurado que la administración andaluza “va a defender hasta sus últimas consecuencias” los intereses generales de la comunidad.
Además, el portavoz socialista ha criticado la actitud “tremendamente peligrosa e irresponsable” de las comunidades autónomas gobernadas por el PP porque, a su juicio, intentan “socavar” la credibilidad del Gobierno español sin importarle que den una imagen de “bancarrota” de España.
Esa forma de actuar pretende hacer daño al Gobierno pero en realidad afecta a numerosas empresas y a trabajadores españoles que se ven perjudicados por las decisiones de los mercados financieros, que “atacan” a diario al país, ha apostillado Jiménez.
Por su parte, el PP ha propuesto al Gobierno andaluz que, de la misma forma que hizo el Estado con Andalucía con la denominada “deuda histórica”, abone “en solares” los 4.600 millones de euros que adeuda al Estado en concepto de liquidación del modelo de financiación autonómica de 2009.
La portavoz parlamentaria del PP andaluz, Esperanza Oña, ha señalado que, ante la reclamación de los 4.600 millones de euros por parte del Estado a Andalucía, la “solución” ante este montante económico es “hacer lo mismo que hizo el Estado” con el pago de parte de la deuda histórica.
El Gobierno central y andaluz alcanzaron el pasado año un acuerdo para liquidar el dinero que aún estaba pendiente de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía, conocida como “deuda histórica”, por el que se abonaron 784 millones en solares del Estado, y el resto, hasta 1.294 millones, en dinero.
Ante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la dirigente del PP ha mostrado su preocupación por la “falta de liquidez” de la Junta de Andalucía, una situación que, en su opinión, terminarán pagando las pymes.
“Creemos que si los solares sirvieron para el pago de la deuda histórica, que la Junta busque solares que no les sirven para nada, que los cuantifique en 4.600 millones de euros y que sirva para pagar esta deuda”, ha señalado Oña, quien ha lamentado que Andalucía “pierda” por la mala gestión de los fondos del Gobierno andaluz y ha lamentado que Andalucía tenga que devolver la cuarta parte del dinero que adeudan todas las comunidades autónomas al Estado, recordando que la comunidad ha “triplicado” su deuda en los tres últimos años.
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