En otoño de 2010, la citada instancia judicial acordaba investigar toda una serie de facturas aportadas entonces por el PP como acusación particular en la causa, todo ello después de que el juez Manuel Ignacio Centeno hubiera dictado la apertura de procedimiento abreviado contra la expresidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Sevilla 'Unidad' Ángeles Nevado; su esposo, Ángel Cervera, y la que fuese trabajadora de la organización Josefa Prado.
De otro lado, decretaba el sobreseimiento de las diligencias contra el que fuera asesor del Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, el que fuese concejal socialista de Vía Pública y expresidente de 'Unidad' Manuel Gómez Lobo, una extrabajadora de la organización; Susana D.V., y los responsables de la copistería 'Copyur' Juan José G.V. y María del Carmen M.N. El auto de apertura de procedimiento abreviado, así, quedaba anulado para continuar la instrucción.
Según el acta de ratificación de informe pericial, a la que ha tenido acceso Europa Press, el perito "se afirma y ratifica íntegramente en el informe pericial que ha emitido para las presentes actuaciones judiciales, por haberlo elaborado según su leal saber y entender, sin tener nada que añadir, quitar ni matizar". El informe trata de aclarar "si se han efectuado prácticas de libramiento de facturas de 'Copyur' con destino a 'Unidad', con el presumible fin de simular gastos que se habrían producido, a fin de justificar pagos acreditando un gasto subvencionado por el Ayuntamiento y la Diputación".
EL INFORME PERICIAL
A tal efecto, la investigación de Ignacio Barrio Hernández resuelve que de las 18 facturas de 'Copyur' propuestas como irregulares por la acusación, cuyo importe asciende a 25.714,41 euros, diez facturas "se han detectado como irregulares", mientras tres no figuran siquiera en la contabilidad de la empresa, concretamente las numeradas como 3.746, 8.700 y 5.082, cuyo valor total supera los 2.180 euros.
El perito, sobre estas tres facturas en cuestión, presume en su informe que "podrían haber sido facturas falsas", pues "no obedecen a una compra real, puesto que lo normal en una empresa es que todas las ventas se contabilicen". "En este caso no se han contabilizado, porque posiblemente no se han realizado realmente las ventas, pero sí se han librado las facturas presumiblemente falsas", señala.
Pues bien, en su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 14, el perito ha ratificado dicho informe y, preguntado por qué razón utiliza la palabra "presumible" a lo largo de todo el dictamen, ha respondido que "se ratifica en el contenido del informe pero que como no es el juez que debe sentenciar es por lo que utiliza el adjetivo de presumible".
"FACTURAS DUPLICADAS DE TRES MODOS DIFERENTES"
De igual modo, ha insistido en el informe emitido "en cuanto a la posibilidad de existencia de facturas duplicadas de tres modos diferentes", así como que "únicamente ha valorado que las facturas estén correctamente emitidas, no entrando a valorar para qué se han utilizado las mismas, es decir, para justificar tal o cual subvención".
Asimismo, el perito ha explicado que la no existencia de un albarán "no significa a ciencia cierta que el material no se haya entregado, ni puede realizar dicha afirmación, porque un albarán puede perderse o extraviarse, o incluso no emitirse al pagarse directamente con la factura".
Ha querido aclarar sus conclusiones "en el sentido de que, de las 18 facturas examinadas, cinco son correctas desde un punto de vista contable, y de las restantes 13, 10 están duplicadas, por lo que deduce que la no correcta es la que aparece a nombre de 'Unidad' y las otras tres facturas ni aparecen contabilizadas ni están anotadas en ningún lado, por lo que deduce que son falsas e irregulares".
PETICIÓN DE LA FISCALÍA
Hay que recordar que la Fiscalía había solicitado una prueba pericial consistente "en el cotejo de los albaranes, facturas, cuadro-resumen y libros de contabilidad aportados por Copyur en relación con las 18 facturas de los años 2002, 2003, 2004 y 2005 a las que aludía el PP, de forma que se pueda determinar "si se corresponden con entregas reales de materiales y pagos realizados por 'Unidad' a Copyur o si hay duplicidad de facturas y así las entregadas a 'Unidad' son falsas en su totalidad, y por otro lado, si han sido empleadas para la justificación de subvenciones públicas".
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