La UTE adjudicataria de la obra del nuevo estadio de fútbol de San Fernando, integrada por las empresas por Vilor Infraestructuras SL y Trafisa Construcción y Medioambiente SA, ha presentado su renuncia y no ejecutará finalmente los trabajos que el Ayuntamiento isleño le adjudicó a comienzos de noviembre por casi 11 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses.
Según han confirmado a este periódico desde el Gobierno local, si bien el plazo para la firma del contrato expira este miércoles a las 00.00 horas, la mercantil presentó en el día de ayer un escrito en el registro municipal en el que daba cuenta de su marcha atrás. Además, a última hora de la mañana ha procedido a la retirada de la cartelería de las dos empresas que anunciaban los trabajos en el propio estadio.
La decisión de la empresa llega apenas una semana después de que el Ayuntamiento isleño le enviase un requerimiento para la firma del contrato –con fecha de 7 de marzo- con los pasos dados hasta la fecha en un proceso administrativo que se ha dilatado más de dos meses y advirtiéndole de las penalizaciones a las que se enfrentaba. Un tiempo en el que el Ejecutivo municipal les ha ido planteando distintas soluciones a las cuestiones que la adjudicataria planteaba para formalizar la firma del contrato de una obra que ha llegado a tener hasta fecha de inicio, con el simbólico acto de la primera piedra (18 de enero), que acabó siendo aplazado sine die.
Por esta razón, para el Gobierno local la renuncia de la adjudicataria “es la mejor solución” después de esta larga y hasta tensa espera y de “excusas” para ejecutar uno de los proyectos estrella del mandato, a cuya licitación se presentaron otras dos empresas más. En todo ese tiempo, además de subsanar documentación, como acreditar la solvencia de las subcontratas que trabajarían en la obra, el Ejecutivo municipal ha lidiado con los inconvenientes que la UTE habría puesto al proyecto en un intento de ganar tiempo para no firmar.
“Hemos creído ver en el tiempo que no querían hacer la obra y que tienen una obra más interesante en Valencia por la DANA (Vilor Infraestructuras tiene sede en Valencia). Estas circunstancias, sumadas al hecho de que podían sentirse “rehenes” tanto por no firmar como por la pérdida del aval que ello supone en concepto de penalización por la pérdida de garantía, es decir, casi 300.000 euros (el 3% del presupuesto base de licitación) y las sanciones “millonarias” a las que se enfrentan si, en caso de haber firmado, la obra no fuera al ritmo adecuado o se parase, porque la experiencia con La Magdalena es un grado, estarían detrás de las "patadas para adelante" que habría dado la mercantil, posponiendo la rúbrica del contrato.
El siguiente paso ahora será llevar a la Junta Local de Gobierno esta renuncia y convocar la mesa de contratación para volver a adjudicar las obras, trámites que se realizará por la vía de urgencia para agilizar al máximo los tiempos. Como suele ocurrir en estos casos, el órgano de contratación recurrirá a las otras dos empresas que presentaron ofertas en el concurso (Asch Infraestructuras y Servicios SA y Cartuja Inmobiliaria SA).
Lo que sí habrá que replantear ahora, aunque sea por cuestión de meses, es el escenario inicial contemplado para la finalización de los trabajos, que apuntaba al verano de 2026.
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