La sentencia dictada declara que la edición andaluza de El Mundo, vulneró la Ley de Rectificación y no sólo le obliga a publicar íntegramente la carta de rectificación de Bogaris, sino que le impone las costas procesales.
El enfrentamiento de este diario con el expresidente de la Junta se remonta a más de diez años atrás, cuando el director de la edición andaluza de El Mundo, Francisco Rosell, junto al columnista Javier Caraballo, fueron sentados en el banquillo de los acusados por la publicación de una información calificada por la Audiencia Provincial de Sevilla de inveraz, en relación al denominado “espionaje de las cajas”, donde se señalaba que Rosell y Caraballo no cumplieron con el canon de diligencia profesional que exige el requisito de veracidad de la información. Una actitud mantenida por el periódico como forma de presión permanente al ejecutivo andaluz .
Finalmente fueron absueltos porque la Audiencia sevillana consideró que si bien la información no cumplió con el requisito de la veracidad, el daño al honor de los denunciantes (Chaves, Pino, Pizarro y el ya fallecido ex alcalde de Sanlúcar, Escámez) no fue de la suficiente gravedad como para ser aplicada una sanción penal, derivando al ámbito civil su relevancia.
Según informaba hace unos días diversos medios de comunicación el grupo editor de El Mundo, Unidad Editorial, pasa por una precaria situación económica (las deudas de Unidad Editorial con empresas del grupo alcanzaron en 2009 los 1.150 millones de euros), habiendo reconocido en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil que cuenta con un fondo de maniobra negativo de cerca de 500 millones de euros.
Ante ese desfase y las pérdidas que sufrió en 2009, la editorial tuvo que pedir a su dueño, el grupo italiano RCS, que manifestara por escrito que prestará “el apoyo financiero necesario para garantizar la continuidad de su actividad”.
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