Según han explicado a Viva Sevilla fuentes cercanas al caso, además de no constar una comunicación previa entre el Seprona -departamento de la Guardia Civil que realizó la investigación- y la Administración -responsable de este proyecto-, el titular del juzgado tampoco solicitó ningún informe técnico a la Junta antes de ordenar las escuchas telefónicas, que se prolongaron alrededor de tres meses y abarcaron a una veintena de personas de varias provincias españolas.
De hecho, según fuentes jurídicas consultadas por este medio, no es habitual que un juzgado autorice escuchas en delitos de tan leve gravedad ni es común que una operación que afecte a varias provincias y de distintas comunidades lo tramite un juzgado cuyo único nexo común es que uno de los implicados (que no llegó a ser detenido ni se le ha imputado formalmente) vive en el cercano municipio de Espartinas.
La información previa del programa de cría del águila imperial hubiera permitido diferenciar desde el primer momento la práctica habitual de los científicos y trabajadores de este centro (la captura, traslado y huevos, autorizados por la propia Junta) de cualquier atisbo de expolio, que la Benemérita ha interpretado de algunas de las escuchas realizadas a lo largo de su investigación.
Todo está acreditado
El Seprona ha apuntado que todas sus declaraciones se apoyan en las diligencias practicadas y después de seis meses de investigación.
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