Las medidas de protección que decretan los cuatro Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Málaga, y los cerca de 80 que existen en Andalucía, podrían demorarse en su ejecución por la carga de trabajo que a partir del mes de octubre deberán de asumir estos órganos, como consecuencia de la entrada en vigor de una nueva ley este mes, por la que estos juzgados deben de hacerse cargo de los expedientes contra la libertad y el acoso sexual, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, o la trata con fines de explotación sexual que hasta el momento se tramitan por los Juzgados de Instrucción.
Así lo reconoce la titular del Juzgado de Violencia número 1 de Málaga, Carmen Gutiérrez Henares, que alerta de la sobrecarga de trabajo que registran en sus dependencias de la Ciudad de la Justicia, pese a que el pasado mes de septiembre entró en servicio uno nuevo, el número 4 de este ámbito judicial.
Desde hace 20 años, estos órganos están especializados en tramitar los casos de violencia contra mujeres (agresiones, amenazas, lesiones, homicidios o asesinatos machistas), pero tras la nueva modificación, acordada con el Poder Judicial, se pretende que en un plazo de 9 meses asuman también los que hasta la fecha llevaban los titulares de Instrucción.
El pasado año 2024, las tres juezas de Violencia sobre la Mujer de Málaga, con sus LAJ y once funcionarios correspondientes por dependencia, tramitaron una media de 1.400 diligencias previas por órgano judicial, lo que para Gutiérrez "supone ya una sobrecarga sin precedentes", puesto que muchos de ellos conllevan la aprobación de medidas penales de urgencia, como pueden ser el alejamiento o la incomunicación entre las víctimas y sus agresores, que residen en Málaga capital y el partido de Torremolinos.
A esta cifra se suman los juicios rápidos celebrados por estos órganos especializados (unos 2.000 realizados en 2024 por los cuatro de Málaga capital).
"Que tengamos que asumir los procedimientos de Instrucción de aquellas mujeres que hasta ahora no estaban vinculadas por un grado afectivo con sus agresores supone una situación brutal, puesto que en este momento por parte de las administraciones no se nos ha dicho con qué medios materiales y personal vamos a poder contar", explica la jueza Carmen Gutiérrez, miembro también de la Sala de Gobierno del TSJA.
CAMBIOS MÁS ALLÁ DE LA PAREJA SENTIMENTAL
La nueva modificación comporta que cualquier agresión sexual contra una mujer, como la que pudiera protagonizar un amigo, vecino, o un compañero de trabajo de la víctima, independientemente sea o no su pareja sentimental, pasará ser tramitada por estos órganos especializados que entraron en funcionamiento en 2005.
"Las juezas actualmente tenemos ante todo que garantizar la protección de las mujeres, y si estamos durante una hora o más tomandoles declaración, y a la vez se nos aumenta la carga de trabajo con estos límites tan elevados, que nos expliquen de dónde vamos a sacar tiempo en la oficina judicial para que cada víctima tenga el trato de seguridad necesario", dice.
Otro de los temores que expresan es que la media de tiempo para tramitar estos casos de violencia de género pueda superar el año que actualmente duran en estos órganos especializados, que corren el riesgo, además, de no ser solicitados como futuros destinos profesionales por los integrantes de la carrera judicial y los funcionarios.
ALIVIO EN LOS ÓRGANOS DE INSTRUCCIÓN
Fuentes judiciales estiman que para los 14 Juzgados de Instrucción de Málaga este cambio supone en la actualidad 'descargarse' de entre un 10% y un 20% del total de los asuntos que tramitan anualmente.
"Y ahora esos expedientes los tendremos que asumir los cuatro Juzgados de Violencia sobre la Mujer que tenemos en la capital, lo que supone una carga brutal que puede llegar a colapsar nuestros órganos judiciales", señala la magistrada Gutiérrez Henares, que añade que no hay hasta la fecha anuncios para modificar la planta judicial, ni la creación de nuevas plazas de jueces, secretarios y funcionarios.
Precisamente, el fuerte malestar en este ámbito judicial ha provocado que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, haya tenido que anunciar este jueves en Barcelona la creación de nuevas plazas de jueces especializados antes del mes de octubre. Cada unidad judicial supone un coste de unos 400.000 euros, y para su creación el Gobierno central confía en que colaboren también las comunidades autónomas con transferencias en justicia asumidas, entre ellas Andalucía.
Esta ampliación del número de asuntos afectará también a los Juzgados de Violencia de Marbella y Estepona, al de Fuengirola, y a los juzgados mixtos de Ronda, Antequera, Archidona, Coín y Torrox.
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