La actuación comenzó cuando la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla denunció ante la Guardia Civil que en varias transferencias de vehículos, el impuesto no había sido devengado, según ha informado en un comunicado el Instituto Armado.
Tras tener conocimiento de ello Grupo de Investigación y Apoyo al Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla, los guardias civiles comprobaron que todos los expedientes analizados habían sido tramitados por la misma funcionaria, que además no tenía encomendada esa misión en la Jefatura.
La transferencia supuestamente era abonada por una gestoría, pero el ingreso no llegaba a realizarse, precisa la Guardia Civil.
Tras varias pesquisas, identificaron a la persona que trabajaba como gestor administrativo y que suministraba a la funcionaria los expedientes anómalos porque no pagaban los impuestos correspondientes.
Los agentes constataron que había 793 expedientes en los que no se habían pagado los impuestos.
Para concretar su actuación, la funcionaria desayunaba con el supuesto gestor, que le entregaba los expedientes, y en la hora del almuerzo, ella le entregaba los expedientes tramitados.
Los agentes determinaron que el supuesto gestor no lo era porque carecía de titulación y que una gestora era la que le había facilitado oficina, titulación, firma electrónica y justificantes de la gestoría.
En la investigación se supo que dos gestores más estarían realizando transferencias con el supuesto gestor, y cuando se les tomó declaración, manifestaron que esta persona hacía en pocas horas gestiones en las que se tardan varios meses.
Las detenciones se hicieron después de "un arduo y laborioso trabajo" con la revisión de más de 1.600 expedientes, la toma de más de 300 declaraciones y de múltiples gestiones, ha subrayado la Guardia Civil.
En su denuncia, la Jefatura Provincial de Tráfico señalaba que habían detectado que en varias transferencias de vehículos no se había devengado el impuesto de transmisiones.
De los detenidos, la funcionaria A.M. está acusada de los supuestos delitos de cohecho, falsedad documental y apropiación indebida, igual que al supuesto gestor I.A.
A la gestora administrativa M.G.R. se le imputa falsedad documental, igual que a los gestores J.C.C. y D.C.S.
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