En estos proyectos, el Servicio Público de Empleo Estatal abona el coste total de la mano de obra, mientras que la Junta y las diputaciones se encargan de pagar los gastos de materiales, maquinaria y utensilios, recordó en rueda de prensa la consejera de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Mar Moreno.
Para percibir estos fondos, las diputaciones tienen que acreditar, entre otros requisitos, la aprobación de los proyectos municipales por parte del Servicio Público de Empleo Estatal y la cuantía que aporta este organismo a cada entidad local.
Durante el pasado año 2010, el Programa de Fomento del Empleo Agrario hizo posible que Andalucía pudiera realizar 2.120 proyectos que supusieron la contratación de 97.173 trabajadores y la generación de 1,67 millones de jornales.
Desde su creación en 1986, este programa, conocido inicialmente como Plan de Empleo Rural (PER), ha sumado unas inversiones totales de 6.519 millones de euros, de los que 853’8 fueron aportados por la Junta de Andalucía y 276,8 por las diputaciones provinciales.
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