La adopción de esta impopular medida le ha acarreado a Romero muchas críticas por lo que, a la finalización de las respectivas juntas generales, el alcalde compareció ayer para explicar sus motivos, aduciendo que la responsabilidad sobre la situación económica que las ha provocado es del anterior equipo de Gobierno.
“No merecemos estos insultos por parte de los trabajadores. No somos responsables de esa mala gestión. Los que la han provocado están tranquilos, sin que nadie les reproche nada de las deudas que han dejado”, señaló.
Por eso, el primer edil anunció que ya ha iniciado el proceso para denunciar a los anteriores responsables municipales por haber provocado “esta ruína económica”.
Sobre las causas que le han llevado a decretar el cierre de las empresas municipales, Jorge Romero defendió que “no es una postura dictatorial. No había más opciones, ni más tiempo. Los mandatarios anteriores se han encargado de incumplir la ley y nosotros no podemos seguir su ejemplo. Hay casos como la RTVLB que sus cuentas están embargadas y hacer una transferencia a este ente es ilegal”.
Sobre la situación en la que se quedan los trabajadores, el alcalde señaló que el Ayuntamiento ya está trabajando en buscar soluciones, como la contratación de los empleados de GAMA por parte de una empresa que se hará cargo de la limpieza de los colegios, o la recolocación de los trabajadores de Recaudación.
Por su parte, los trabajadores de RTVLB anunciaron ayer que acudirán hoy a la puerta de sus centros de trabajo, y que han convocado una manifestación para mañana.
Igualmente, Romero animó a los trabajadores a que denuncien la situación en la que se han visto inmersos, ya que “ellos no tienen la culpa de este desastre, pero han pagado sus consecuencias”.
Por último, amparó su medida en el bien común de los barreños, asegurando que “no nos va a temblar el pulso. Gobernamos para 23.000 vecinos y debemos velar por el interés general”.
Por su parte, el PSOE anunció a última hora de ayer que recurrirá la disolución de las empresas ante los tribunales. Según los socialistas, “el procedimiento mediante el que se ha llevado a efecto la disolución de las empresas es completamente irregular, no está fundado en ninguna auditoría, y puede ser motivo de prevaricación”.
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